Este documento de discusión se ha preparado con objeto de que sirva para estimular las deliberaciones de política nacional entre los Estados Miembros de la UIT sobre una gran variedad de temas relacionados con el comercio electrónico. Su finalidad es presentar sucintamente estos temas, identificar aquellos que más preocupan y plantear cuestiones clave que puedan concentrar el interés en los debates de política en los planos nacional e internacional.

En general, se hace hincapié en las cuestiones de política pública, principalmente desde la perspectiva de los países en desarrollo. Podrían abordar estos temas altos funcionarios de los Ministerios de Comunicaciones, Comercio o Finanzas u otros departamentos gubernamentales y miembros del poder legislativo y de organismos de protección de los consumidores. La discusión y las preguntas que siguen están concebidas de tal modo que puedan ser tratadas por una gran variedad de personalidades oficiales, idealmente en el contexto de la creación de un marco de política nacional integrada en materia de comercio electrónico.

El documento se divide en dos partes: la Parte I versa sobre asuntos relacionados con las telecomunicaciones y la Parte II sobre otros asuntos. Las preguntas relativas a cada tema de la Parte I se presentan en un cuestionario para explorar la situación actual de la política y el desarrollo en relación con cada grupo de temas y presentar las opiniones e intenciones de los Estados Miembros de la UIT de un modo sucinto y resumido. La mayoría de las preguntas están concebidas para obtener opiniones y perspectivas amplias, con una oportunidad de ulterior comentario, si quien responde lo desea. En la Parte II se hace una presentación de cada tema, seguida de diversas declaraciones encaminadas a estimular la reflexión.

¿Qué es el comercio electrónico?

Comercio electrónico es un término nuevo para actividades antiguas que se llevan a cabo de nuevas maneras. Desde que existen las redes de comunicaciones, los empresarios han utilizado siempre toda su capacidad para crear oportunidades comerciales. A medida que las tecnologías avanzadas de telecomunicaciones e informática se iban implantando en los últimos años, el centro de la infraestructura económica internacional se ha desplazado. El factor más destacado es el aumento meteórico de Internet y la World Wide Web, que ha acelerado la transformación del comercio mundial permitiendo el contacto instantáneo y barato entre vendedores, compradores, inversionistas, anunciantes y financieros de todas las regiones del mundo. Lo que ha provocado la reciente concentración del interés internacional en el nuevo mundo del comercio electrónico es la rápida integración de Internet y de otras funciones basadas en la telecomunicación en casi todas las esferas de la vida comercial.

Entre los medios principales que cabe calificar de coadyuvantes al comercio electrónico mundial figuran los siguientes:

• Servicios tradicionales de telecomunicaciones basados en la transmisión de textos, voz y datos, en particular el télex, el facsímil y la llamada telefónica gratuita.
• Servicios en línea más nuevos, basados principalmente en Internet pero que utilizan también otros servicios en línea, como el videotext.
• La venta de soporte lógico y los servicios de información por transacción o subscripción.

La actividad del comercio electrónico se puede clasificar en cinco grandes grupos:

• De empresa a empresa (al por mayor y al por menor).
• De la empresa al consumidor (venta al por menor al consumidor).
• De las empresas al gobierno.
• Del gobierno al consumidor.
• Del consumidor al consumidor.

Entre los servicios que aprovecharán probablemente la aplicación de las técnicas de comercio electrónico cabe citar:

• Los servicios de publicidad y comercialización.
• Los servicios y transacciones financieros.
• El turismo.
• Los servicios de información y distracción.
• Sistemas auxiliares que contribuyen a las actividades económicas y comerciales.

Entre los productos tangibles que probablemente se intercambian cada vez más por medios electrónicos cabe citar:

• Los productos informáticos.
• Los libros.
• La música.
• Los regalos y las flores.
• La ropa.
• Los productos alimentarios y agrícolas.

Vale la pena señalar que el comercio de servicios constituirá probablemente una parte más importante de la actividad del comercio electrónico que los productos digitalizados.

Hasta la fecha, esta actividad ha tenido lugar en su inmensa mayoría en países con economías e infraestructura avanzadas. En los países en desarrollo, el comercio electrónico ofrece nuevas e importantes oportunidades para conseguir una equiparación mayor con economías más amplias y más desarrolladas, porque disminuye las ventajas del coste, la comunicación y la información in situ y abre enormes mercados a los productos y servicios indígenas. Muchos países en desarrollo empiezan a aprovechar las posibilidades del comercio electrónico pero siguen existiendo problemas críticos que habrá que superar antes de que sea posible materializar la visión de una economía mundial verdaderamente integrada y equitativa.

Las secciones que siguen contienen una breve discusión y el correspondiente cuestionario sobre los principales elementos del debate de política en materia de comercio electrónico, clasificadas grosso modo con arreglo a las categorías definidas por la organización de desarrollo y cooperación económicos (OECD) en su reciente serie de conferencias internacionales sobre el tema (véase el sitio en la Web: http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/index.htm). Estas categorías identifican las posibles barreras al desarrollo del comercio electrónico y las estrategias para su promoción y comprenden:

El comercio electrónico es enteramente un fenómeno creado por la revolución tecnológica de fines del siglo XX en los computadores y los sistemas de información, en las telecomunicaciones y también en los sistemas bancarios e incluso en los servicios de distribución y postales. Lo que ha fomentado el crecimiento del comercio electrónico en el mundo es el progreso y la integración de la infraestructura esencial de estas tecnologías. Al mismo tiempo, la falta comparativa de esa infraestructura en muchas partes del mundo en desarrollo es lo que más limita las oportunidades de que el comercio electrónico florezca en esos países y acelere su desarrollo económico y social.

Por lo tanto, la necesidad de mejorar (o incluso de introducir) la infraestructura nacional en apoyo del comercio electrónico tiene un interés capital para los países en desarrollo -mucho más quizá que para el mundo desarrollado. Con una penetración del servicio telefónico básico inferior al 15% en numerosos países y un acceso al computador y a los servicios de datos todavía menor, incluso la posibilidad de participar en el mercado electrónico mundial es remota para una gran parte de la población mundial. Lo mismo sucede con el acceso a los servicios financieros y bancarios, que son igualmente necesarios para que los consumidores y las pequeñas empresas comercien en un entorno digital. Los temas abordados en esta sección versan sobre la necesidad de mejorar la infraestructura en estos sectores y sobre los posibles medios para que los países en desarrollo persigan estos objetivos en el nuevo mercado.

El acceso a la tecnología de información y comunicaciones es el requisito previo verdaderamente fundamental del comercio electrónico. En el mundo desarrollado, la infraestructura de telecomunicaciones y los medios informáticos están generalmente disponibles (aunque no universalmente), a un coste asequible para la mayoría de la población. En los países en desarrollo, en cambio, estos medios sólo están al alcance de una parte de los ciudadanos y a menudo ni siquiera las empresas pequeñas y medianas están conectadas, especialmente a tecnologías avanzadas.

Nadie pone en duda el objetivo general consistente en ampliar el acceso a las tecnologías de informática y comunicaciones, pero se plantean cuestiones importantes sobre los medios más eficaces para alcanzar este objetivo. A medida que las condiciones tecnológicas y económicas cambian, las políticas internacionales se centran sin embargo cada vez más en una transformación a opciones de mercado libre para promover la inversión, la eficacia y la innovación en las telecomunicaciones.

Con el cambio espectacular que representa el comercio electrónico, la economía del acceso a las telecomunicaciones y a la información puede estar cambiando, incluso en el caso de poblaciones rurales relativamente remotas y de bajos ingresos, ya que los incentivos para la conexión de estos usuarios con el mercado mundial aumentan. Entre tanto, se presenta el problema de la definición de un servicio de telecomunicaciones "básico" propiamente dicho; puede suceder que la telefonía tradicional en dos sentidos sea menos fundamental en un mundo interconectado que el acceso a la transmisión de datos, Internet, el correo electrónico, etc. El Estado ve también la utilidad de la tecnología de la información como medio eficaz para la prestación de servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria a la población en general.

Una opción que ha empezado a adquirir interés a la vez en los países desarrollados y en desarrollo como medio para aprovechar plenamente esta evolución es el establecimiento de telecentros comunitarios polivalentes en los que el público dispone a precios asequibles de una combinación de servicios de telecomunicaciones e información. La idea de los telecentros es promover el acceso universal a tecnologías que no serían asequibles ni estarían disponibles para la mayoría de los ciudadanos e incluso para muchas empresas fuera de las regiones urbanas más desarrolladas y de más altos ingresos. Con el fomento de los telecentros se busca también apoyar el desarrollo de la economía local, los servicios integrados públicos y privados y la enseñanza y formación amplias, además de los objetivos tradicionales de la comunicación, la información y la inclusión en la economía nacional.

Le rogamos que exprese las opiniones de su país sobre las siguientes propuestas en relación con la infraestructura creada por los telecentros:

• ¿En qué medida está su país creando activamente o estudiando políticas para promover los telecentros comunitarios polivalentes o programas análogos con objeto de facilitar el comercio electrónico y el acceso a los telecentros y otras aplicaciones?

q Creación activa de telecentros y telecentros en marcha
q Algunos telecentros ya establecidos, otros en creación
q Estudio de opciones para la creación de telecentros
q No se ha tomado ninguna iniciativa importante de momento

Discusión: Le ruego pase revista a algunas de las principales iniciativas industriales y de política de su país para mejorar la infraestructura de telecentros, así como los éxitos obtenidos y los obstáculos con que se ha tropezado.

Incluso cuando se ha generalizado relativamente la libre competencia en las telecomunicaciones, la regulación de la industria sigue siendo una responsabilidad pública importante, tanto para facilitar la competencia leal como para supervisar la determinación adecuada de precios y servicios en los segmentos de mercado en que la competencia no se aplica todavía enteramente. En la mayoría de los países en desarrollo, esta regulación económica es todavía más crucial porque al comienzo las fuerzas del mercado no bastarán probablemente para limitar la acción del operador dominante en un futuro inmediato.

En cuanto a los servicios que más contribuyen al comercio electrónico, los precios cobrados por los operadores de telecomunicaciones por el acceso a estos servicios pueden ser un importante factor determinante de la eficacia y la asequibilidad de las oportunidades de comercio electrónico en general. Estos servicios comprenden los enlaces de transmisión de datos a gran velocidad entre las empresas locales y la red medular Internet (típicamente a través de los circuitos internacionales), así como la conexión del usuario final con proveedores de servicios de Internet y otros servicios de datos e información.

Por ejemplo, las políticas de precios tradicionales han hecho que el coste de los enlaces de datos a gran velocidad en muchos países en desarrollo sea muy superior al coste análogo en lugares como Estados Unidos y Europa, de modo que la conexión con la red mundial impone una enorme carga financiera a los pequeños empresarios, a los proveedores de servicios de Internet y a los servicios ofrecidos al público como los telecentros.

El regulador deseará quizá reexaminar estos principios de establecimiento de precios, idealmente en el contexto de la revisión y el examen generales de la estructura del mercado para las telecomunicaciones en general, en la inteligencia de que el coste de las comunicaciones de datos, incluso en el caso de grandes empresas, repercutirá inevitablemente en el usuario final y puede constituir una barrera para el desarrollo del comercio electrónico.

Una importante diferencia que distingue Internet de la red telefónica es la manera en que se tramitan los acuerdos sobre precios al por mayor, en especial para llamadas internacionales. Se puede decir que el sistema de liquidación de pagos favorece a los países en desarrollo mientras que los acuerdos de encaminamiento recíproco de Internet parecen ir en contra de sus intereses. En el mundo de la telefonía, el precio al por mayor se basa en un sistema de doble precio conocido como el sistema de tasas de distribución, en el que cada llamada tiene un precio que se cobra a la persona que originó la llamada (tasa de percepción) y un segundo precio, generalmente menor, que se cobra el operador de origen de la llamada (tasa de distribución). Los países en desarrollo han aprovechado este sistema en la forma de pagos de liquidación netos. En cambio, en Internet no existe casi la medición de las llamadas y, en la medida en que existen acuerdos entre operadores para intercambiar el tráfico, estos acuerdos se basan en volúmenes totales de tráfico y no en minutos. Estos acuerdos de intercambio de tráfico se llaman acuerdos de "encaminamiento recíproco y tránsito".

Mientras que el sistema de liquidación en la RTPC suele entrañar un pago de países desarrollados (que generan más tráfico que el que reciben) a países en desarrollo, en Internet los fondos circulan en dirección inversa. Los países extranjeros, en particular los países en desarrollo, tienen que pagar para conectarse con la red medular Internet, lo que invariablemente significa pagar para conectarse con los Estados Unidos donde se halla el 40% aproximadamente de los principales proveedores de Internet. Además, mientras que el sistema de liquidación se basa en un régimen de "medio circuito", en el que el operador del país en uno u otro extremo del enlace es responsable del suministro y el pago de medio circuito, en el modelo de encaminamiento recíproco de Internet el operador del país extranjero suele normalmente pagar los dos medios circuitos (es decir, el circuito entero) con los Estados Unidos. Así, los operadores del país en desarrollo terminan pagando dos veces -primero por el circuito y luego por el tráfico- aunque el tráfico circula en ambas direcciones una vez establecido el circuito. Estos costes se pueden recuperar de los clientes del proveedor de servicios de Internet en el país en desarrollo, pero el resultado neto sigue siendo que el servicio Internet es más caro para los consumidores de los países en desarrollo.

Le rogamos que exponga la opinión de su país sobre las siguientes propuestas relativas a la regulación y el precio de los servicios de telecomunicaciones para el comercio electrónico:

• Es necesario revisar las prioridades y las metodologías tradicionales para establecer el precio de los servicios locales y los servicios nacionales de comunicación de datos de modo que los servicios de comercio electrónico sean más asequibles.

q Muy de acuerdo	q Bastante de acuerdo	q Bastante en desacuerdo
q Muy en desacuerdo	q No sé

• Le rogamos que estime el precio mensual medio en su país de los siguientes servicios de telecomunicaciones y servicios conexos (bastan unas estimaciones generales; le rogamos que utilice el derecho especial de giro o el dólar de los Estados Unidos y que identifique claramente la moneda y la unidad):

No se puede olvidar al sector de servicios financieros como elemento crítico "intermedio" de la infraestructura necesaria para que tenga éxito el comercio electrónico. Por definición, las transacciones que se efectúan electrónicamente no entrañan el pago en efectivo ni típicamente la transferencia directa de fondos entre comprador y vendedor. En cambio, las transacciones por comercio electrónico dependen de la función intermediaria de los bancos, las compañías de tarjetas de crédito y otras instituciones financieras, que deben pues estar enteramente interconectadas con la red de proceso de comunicaciones y datos en que se fundan prácticamente todas las transacciones.

Esta exigencia plantea nuevos problemas a los países en desarrollo, en particular en aquellos donde la tecnología y los servicios bancarios no son a menudo amplios. La infraestructura necesaria se extiende en dos direcciones: 1) para enlazar las empresas nacionales y locales con las redes bancarias mundiales y permitir así más transacciones eficaces entre empresas nacionales e internacionales; y 2) para dar a los consumidores, a las pequeñas empresas y a las comunidades locales acceso a recursos y servicios financieros que les permitan participar efectivamente en el comercio electrónico.

La primera de estas necesidades, unos servicios financieros avanzados orientados al comercio, depende de unos sistemas bancarios de última hora, así como de tecnologías de comunicación y proceso de datos de igual naturaleza necesarias para la conectividad en línea en general. Aunque la mayoría de los grandes bancos nacionales son probablemente capaces de obtener el equipo, el soporte lógico y los recursos humanos necesarios para dar a los servicios una calidad mundial, puede no suceder lo mismo con los bancos locales y regionales y las sucursales. Para que las empresas nacionales compitan en el mercado mundial, han de poder efectuar transacciones fiables y universales con un mínimo de averías, demoras, complicaciones y gastos.

La infraestructura bancaria que necesita el consumidor local en el comercio electrónico puede ser considerablemente más difícil de obtener. De igual modo que la población de los países en desarrollo no tiene acceso en su mayor parte a los servicios de telecomunicaciones, carece también típicamente de acceso incluso a los servicios bancarios básicos: cuentas de ahorro y cuentas corrientes, tarjetas de crédito y préstamos, incluso la simple moneda en efectivo en muchos lugares. La concepción de medios innovadores para ofrecer a estos grupos desatendidos servicios que sean a la vez adecuados y asequibles requerirá un esfuerzo creativo y cooperativo de los bancos, los gobiernos, las empresas y los dirigentes de la comunidad.

Una cuestión importante y relacionada con las anteriores a este respecto es la cuestión técnica general de los sistemas de pago electrónico. Aunque se puede conseguir que el uso de las tarjetas de crédito tradicionales y de mecanismos análogos sea seguro y eficaz en la mayoría de las transacciones en línea, es posible que ésta no sea la manera más eficaz de transferir fondos en torno al mundo por Internet. La industria está estudiando activamente otras alternativas, como el "dinero digital" y las cuentas prealimentadas. Algunas de estas ideas se pueden aplicar también directamente al problema del servicio a la clientela sin acceso a servicios bancarios completos.

Le rogamos que identifique las iniciativas y políticas que el gobierno y las instituciones financieras de su país siguen o estudian en relación con la infraestructura de servicios financieros y bancarios y los servicios para el comercio electrónico:

Una de las principales diferencias entre el comercio electrónico y el comercio tradicional es que las transacciones electrónicas son mucho más impersonales, anónimas y automáticas que las transacciones entre personas de carne y hueso en una tienda, en el banco o incluso por teléfono. Esta deshumanización de las relaciones comerciales viene acompañada de un enorme aumento de los medios técnicos y las oportunidades de fraude y abuso, tanto para los consumidores individuales como para las grandes empresas. Por todas estas razones, en la evolución de muchos aspectos del comercio electrónico ha prevalecido un sano sentimiento de prudencia, cuando no de total desconfianza.

Así, para que estas nuevas tecnologías globalmente impersonales tengan un grado de aceptación más universal, las empresas y las instituciones gubernamentales deben elaborar políticas que creen una mayor confianza en estas nuevas formas de comerciar. La confianza supone la aceptación de que las compras, las transferencias de fondos y los tratos comerciales efectuados electrónicamente serán tan válidos como las actividades tradicionales; que la información personal y financiera está segura; que los consumidores estarán protegidos contra el fraude y el abuso; y que el mundo de la información y la comunicación en línea será por lo menos tan responsable de la calidad, fiabilidad y legalidad de los productos y servicios como el mundo real.

Los temas de esta categoría están estrechamente vinculados entre sí. Las cuestiones de seguridad y criptografía están ligadas por la protección de la vida privada y la certificación, así como con las opciones técnicas para la creación y validación de la firma digital. Todo ello guarda a su vez relación con la protección del consumidor y con la garantía de integridad de las actividades estatales y comerciales en línea.

Las redes de información mundial tropiezan con problemas de seguridad complejos. Los Estados y las empresas luchan con la necesidad de proteger unas redes geográficamente dispersas, innumerables puntos de acceso y aplicaciones comerciales críticas contra el robo, el fraude, el abuso e incluso el terrorismo electrónico. La necesidad de maximizar los beneficios de la conectividad universal y proteger al mismo tiempo los recursos de la red contra el acceso no autorizado o la interferencia ha exacerbado la demanda de soluciones para la seguridad de los datos en la red mundial. La reciente experiencia con los virus transmitidos por correo electrónico sólo ha servido para reforzar esta inquietud.

Se están tomando ya diversas medidas para cerciorarse de que el comercio electrónico es tan saludable como las formas tradicionales de transacción. La encripción es un instrumento esencial para proporcionar seguridad en este entorno altamente interconectado. Una encripción segura no supone grandes gastos y se espera que sea ampliamente adoptada y vaya incorporada en casi todos los productos y aplicaciones de comunicación electrónica para el tratamiento de datos valiosos. Sus aplicaciones comprenden la protección de los ficheros contra el robo o el acceso no autorizado, la seguridad de las comunicaciones frente a la intercepción y la posibilidad de efectuar transacciones seguras. También se puede utilizar la criptografía para garantizar que el contenido de un fichero o mensaje no ha sido alterado (integridad), para establecer la identidad de una de las partes o para comprometerse jurídicamente.

La utilización generalizada de la criptografía plantea diversos problemas, sobre todo al Estado. Entre estos problemas figura la protección de la vida privada de sus ciudadanos, el fomento del bienestar económico, el mantenimiento de la seguridad pública, la obtención de ingresos para financiar actividades y la posibilidad de aplicar las leyes y proteger la seguridad nacional. Aunque la criptografía se necesita y utiliza para fines individuales y comerciales legítimos, se la puede también utilizar para actividades ilegales que van en detrimento de la seguridad pública, la aplicación de las leyes, los intereses de las empresas y de los consumidores y la vida privada.

Entre las principales cuestiones de política pública cabe citar la complejidad de los códigos criptográficos, el derecho de quienes conciben códigos privados a exportar esta tecnología y en especial el acceso del Estado a "claves públicas", es decir, mecanismos de decodificación secretos que permitan a la policía y a los órganos de seguridad decriptar mensajes codificados de presuntos criminales y terroristas.

Le rogamos que identifique las políticas o las opiniones generales de su país sobre los siguientes temas de debate en relación con la seguridad de los datos:

• ¿Qué restricciones se deben imponer, en su caso, a la utilización y la complejidad de la criptografía en las transacciones electrónicas de las empresas nacionales?

q Ninguna restricción
q Sujeción de la tecnología criptográfica a la aprobación gubernamental
q Participación estatal en las fases de planificación de las directrices industriales
q No sé

• ¿Qué entidades estatales, en su caso, deben tener acceso oficial a las claves públicas de la tecnología criptográfica privada? (puede usted elegir más de una respuesta)

q Todas las entidades encargadas de la aplicación de la ley
q Las autoridades encargadas de la seguridad nacional
q La policía con mandamiento judicial
q Ninguna
q Otras
(especifíquelas) __________________________________________________

Aparte de la inquietud por la protección y la seguridad de los datos a efectos comerciales (por ejemplo, para evitar el robo), hay una considerable preocupación por el derecho del individuo a la intimidad en la era electrónica, que muchos consideran en los países desarrollados el principal obstáculo al comercio electrónico. A medida que la tecnología aumenta la facilidad para obtener información personal detallada sin conocimiento o consentimiento del consumidor, se refuerza la opinión en favor del establecimiento de leyes y derechos nuevos y claros que protejan contra la utilización y la difusión no autorizada de estos datos y de adquirir por otra parte cierto grado de control sobre el acceso a la información privada y la invasión de la intimidad en general.

En medio centenar de países se han adoptado medidas legislativas y autorreguladoras en virtud de las cuales el Estado y las organizaciones del sector privado que tienen sistemas de registros nominativos deben aplicar principios y prácticas de información personal equitativos. (El sector privado ha tomado diversas iniciativas encaminadas también a resolver el problema de la protección de la vida privada.)

Internet ha planteado nuevos problemas en relación con la confidencialidad de los registros en lo que respecta a la restricción del acceso a los detalles personales, la jurisdicción en materia de almacenamiento y utilización de los datos y la protección de la información financiera revelada en las transacciones electrónicas. El grado de obligatoriedad y de voluntariedad en la regulación de los datos personales es un tema debatido, al igual que la aplicabilidad práctica de las normas sobre protección de la vida privada. Estas preocupaciones no radican solamente en los medios de transmisión sino también en los programas informáticos que, según demuestra la experiencia reciente, pueden contener información reveladora sobre los usuarios sin conocimiento de éstos.

Algunos países pueden disponer ya de leyes y políticas sobre confidencialidad y otros pueden tenerlas en estudio. Con estas preguntas se trata de adquirir una idea de las opiniones actuales o previstas de su país.

• ¿Cuál es la situación actual de su país en relación con la legislación y reglamentación nacionales sobre protección de la vida privada, en particular en las bases de datos y las transmisiones?

q Legislación existente con fuerte protección de la vida privada
q Cierta protección de la vida privada, pero no muy grande o incompleta
q Legislación y reglamentación en examen
q No existe protección de la vida privada, ni se estudia su adopción
q No sé

Muchos aspectos de la creación de confianza guardan relación con la imbricación de los problemas legales y tecnológicos. Sucede así especialmente con la transformación de las relaciones contractuales entre empresas. El derecho de contratos ha sido concebido generalmente para regir las relaciones económicas tradicionales consumadas por los medios tradicionales, es decir, con documentos en papel. La naturaleza de los negocios electrónicos añade cierto grado de complejidad a estas relaciones porque suscita interrogantes en cuanto a la cobertura precisa por la ley de contratos de los documentos electrónicos "virtuales".

De igual modo, a lo largo de los siglos, la firma manuscrita ha sido universalmente aceptada como prueba vinculante de una obligación -elemento fundamental del trato comercial. La noción de "firma digital" en la cual la obligación se confirma mediante la inserción de bits electrónicos en vez de la pluma y la tinta supone algo más que un simple cambio de costumbres. Requiere protocolos reconocidos por las partes, medios para la detección de la falsificación digital y normas para verificar la determinación cronológica de la correspondencia y la integridad de ficheros de datos que se pueden fácilmente manipular, modificar y suprimir sin dejar huellas "en papel".

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ha tratado de resolver las numerosas cuestiones que se plantean en el contexto de los contratos electrónicos y la firma digital mediante la redacción de una amplia Ley Modelo sobre Comercio Electrónico. La CNUDMI ha ofrecido esta Ley Modelo a los gobiernos del mundo como marco para el examen de esos problemas y para contribuir a armonizar su solución legal en el mundo. Los objetivos de la Ley Modelo son permitir la utilización de técnicas de comunicación, como el intercambio de datos electrónicos y el correo electrónico, y ofrecer trato igual a los usuarios de documentación escrita en papel y a los usuarios de información escrita en computador, fundamental para favorecer la economía y la eficacia en el comercio internacional.

Corea, Singapur e Illinois han promulgado una ley muy semejante a la citada Ley Modelo sobre Comercio Electrónico. Otros varios países, como Colombia, México, Filipinas y Australia, están muy avanzados en el proceso de redacción de una ley nueva que se ajusta al marco de la CNUDMI. (Canadá, Nueva Zelandia y Bélgica están menos avanzados en la redacción y los Estados Unidos preparan actualmente una ley sobre transacciones electrónicas en el ámbito del código comercial uniforme de los Estados Unidos.)

Le rogamos que identifique las políticas y opiniones generales de su país sobre el tratamiento legal de los problemas contractuales en el comercio electrónico:

• ¿En qué situación se hallan las actividades legislativas o reguladoras encaminadas a la adaptación de la ley de contratos nacional para recoger los nuevos problemas planteados por las transacciones electrónicas?

q Se han redactado nuevas disposiciones legislativas
q Se ha procedido a una renovación y a una revisión sustancial de las disposiciones legales
q Se procede actualmente a un reexamen de la política
q No se ha desplegado ninguna actividad concreta hasta la fecha
q No sé

• En la medida en que su país estudia una reforma legislativa o ha modificado ya la ley, ¿qué parte de esa reforma se funda en la Ley Modelo de la CNUDMI?

q La reforma corresponde muy de cerca a esa Ley Modelo
q La reforma se inspira aproximadamente en esa Ley Modelo
q No corresponde en absoluto a ella
q No sé

Discusión: Le rogamos que describa en su caso los principales problemas jurídicos en relación con los contratos, la firma digital y el comercio electrónico que se plantean en su país y que podrían sacar provecho de un examen internacional más completo.

Internet está compuesta por millones de sitios e innumerables opciones para la compra y la venta de todo tipo de productos o servicios, de un origen que puede ser familiar o desconocido, local o a medio mundo de distancia. Incluso si los usuarios llegan a confiar en la integridad del sistema y en las tecnologías en general, no es demasiado seguro que los comerciantes individuales sean siempre fiables o escrupulosos. La protección de los derechos del consumidor por medios legales y técnicos es una preocupación (véase infra), pero tiene un interés más esencial proporcionar cierto grado de confianza fundamental en las empresas que negocian en línea y algún medio para distinguir lo bueno de lo malo o de lo desconocido.

Un método, al que se le ha dado gran publicidad, es la certificación de las empresas, los servicios y las prácticas comerciales que cumplen una clara serie de normas sobre rendimiento, fiabilidad, calidad e integridad. El valor de la certificación depende del grado de conocimiento y aceptación, y especialmente de objetividad, del proceso de certificación propiamente dicho. Si un certificado tiene buena reputación por la supervisión rígida y la aplicación de normas de alto nivel dentro de la industria o el mercado, los clientes estarán seguros de que pueden confiar en las empresas que posean esa certificación. Puede haber sin embargo formas menos importantes de certificación, como la pertenencia amplia y generalizada a asociaciones autodefinidas, que no verifican o imponen siquiera políticas enérgicas a sus miembros.

La necesidad de una certificación uniforme y fiable de las empresas que participan en el comercio electrónico plantea pues la cuestión de los mecanismos institucionales más eficaces para definir y emitir certificados en diversas industrias. Algunos aducen que sólo las organizaciones industriales pueden comprender y verificar con exactitud y eficacia las actividades de los miembros de la industria, mientras que otros estiman que una autoridad de certificación neutral, gubernamental o del tipo ONG, tendría máxima credibilidad para aplicar y supervisar normas. Estas preocupaciones trascienden las fronteras nacionales también, porque la certificación en un país puede no tener igual significado en otro. Cualquiera que sea la forma que adopten, las autoridades certificadoras habrán de seguir procedimientos claramente definidos y sus actividades deberán ser objeto de una gran publicidad y ser ampliamente aceptadas para que el proceso de certificación despierte eficazmente la confianza en los usuarios.

Les rogamos identifique las opiniones de política de su país actuales o previstas sobre las autoridades certificadoras en materia de comercio electrónico:

• A juicio de su país, ¿se debe establecer una autoridad de certificación nacional en cada país o conviene que estas autoridades sean principalmente definidas por las organizaciones internacionales y la industria?

q Las autoridades nacionales
q Principalmente las autoridades internacionales
q Internacionales y nacionales a la vez
q No sé

• Situación actual de las autoridades certificadoras establecidas en su país

q Organismos u oficinas estatales existentes con facultades de certificación
q Autoridades privadas de la industria existentes, siguiendo directrices estatales
q Algunas normas oficiosas de la industria, definidas vagamente en la legislación
q No existe ninguna iniciativa importante
q No sé

En casi todo, los usuarios del comercio electrónico deben prever que habrán de aplicar las mismas leyes, normas y reglamentos que el resto de la humanidad. La impresión de que se necesitan nuevas normas para regular tipos de relaciones y transacciones sin precedentes no significa que las antiguas normas carezcan de importancia, ni que sea necesario abolirlas. De hecho, una de las opiniones más firmes en relación con las normas básicas para el comercio electrónico es que quizá no convenga establecer políticas nuevas importantes para las transacciones en línea, como "impuestos de transmisión digital" o nuevos aranceles sobre transmisiones de datos.

Sin embargo, de igual modo que la tecnología está cambiando las relaciones entre consumidores y empresas, está modificando la naturaleza de la supervisión por el Estado de esas relaciones y de su intervención en ellas. La manifestación más honda de este cambio es la mundialización del comercio, que pone a los Estados y a las instituciones internacionales ante un dilema: qué jurisdicción y por ende qué serie de normas se deben aplicar a qué actividades y quién debe aplicarlas. El éxito del comercio electrónico mundial depende pues en gran medida de una armonización mundial de ciertas políticas básicas en sectores como la fiscalidad y los derechos aduaneros, el trato que se dará a la propiedad intelectual y otras cuestiones transjurisdiccionales.

La futura evolución del comercio electrónico depende en gran medida de dos importantes cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual: 1) la protección de los derechos de autor y otros derechos conexos y 2) la protección y atribución equitativa de las marcas registradas y los nombres de dominio. En estas cuestiones se han centrado principalmente las deliberaciones internacionales durante los últimos años, por ejemplo en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ha negociado un Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que convierte a la propiedad intelectual en parte integrante del sistema de comercio multilateral.

Dado que una parte tan importante de las transacciones entre el consumidor y las empresas que se efectúan por Internet entraña la venta o la concesión de información, productos culturales y tecnología protegidos por derechos de autor, este medio es especialmente susceptible al riesgo de robo o abuso de obras protegidas. El Acuerdo citado abarca los derechos de autor y otros derechos conexos (artistas ejecutantes, productores de grabaciones sonoras y organizaciones de radiodifusión), las marcas registradas comprendidas las de servicios, los indicadores geográficos, los diseños industriales, los diseños de la disposición de circuitos integrados e información reservada como los secretos comerciales y los datos experimentales. Su objeto es ofrecer la protección adecuada y la aplicación efectiva del derecho de propiedad intelectual y la solución imparcial de controversias entre miembros de la OMC.

Tanto en el Acuerdo mencionado como en los Tratados sobre derechos de autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se reconoce que la protección de los derechos de autor abarca la compilación de datos u otro material cuyo contenido constituye una creación intelectual. Se ha convenido oficiosamente en que el impacto de la tecnología digital en los derechos de autor y otros derechos conexos ha consistido principalmente en permitir la producción y distribución clandestinas de grabaciones sonoras, películas, soporte lógico, CD-ROM, etc. Pese a la protección legal ofrecida por esos acuerdos internacionales, la utilización de las marcas registradas en Internet sigue suscitando importantes cuestiones, por ejemplo en relación con la autoridad jurisdiccional.

La relación entre las marcas registradas y los nombres de dominio de Internet despierta también considerable atención. Algunos de los problemas radican en que, en cada dominio de nivel superior (.com, .org, .net, etc.), sólo puede haber un nombre preciso de dominio de segundo nivel (por país) y éstos han sido atribuidos típicamente a quién primero lo ha solicitado dentro de cada dominio de nivel superior. Sin embargo, algunas marcas registradas pueden coexistir en diferentes categorías de productos y servicios y en diferentes territorios.

Otra cuestión polémica es bajo qué jurisdicción el uso de un nombre de dominio idéntico o análogo a una marca registrada puede violar esa marca registrada y de qué remedios dispone el titular de dicha marca. No se ha decidido todavía la mejor manera de organizar la gobernación del sistema de nombres de dominio y hay necesidad acuciante de una solución generalmente aceptable. En Estados Unidos y en varios otros países se han planteado conflictos en relación con los principios. Para los países en desarrollo esta cuestión puede tener una importancia aún mayor, si el sistema de determinación de los nombres de dominio tiende, a menos que se especifique lo contrario, a favorecer los sitios de los Estados Unidos donde el sistema tuvo origen y donde se halla todavía la mayoría de los sitios.

La mayoría de los debates de política y de las propuestas en torno al comercio electrónico se orientan a la supresión de barreras y a la promoción de oportunidades para que estos nuevos tipos de actividad comercial crezcan con más rapidez todavía que hasta la fecha. Se puede considerar que hay una categoría final de cuestiones centradas más directamente en los beneficios inmediatos que se pueden obtener con el comercio electrónico, en particular las ventajas que los países en desarrollo pueden lograr si aplican estrategias acertadas.

Es evidente que la mayoría de las principales novedades a este respecto han surgido del sector privado y así seguirá siendo en el futuro; la función del Estado se orientará principalmente a facilitar el acceso al mercado y las oportunidades comerciales, en especial para las empresas muy pequeñas, pequeñas y medianas. En el mundo en desarrollo, las ventajas del comercio electrónico pueden no consistir siempre en el acceso a la competencia mundial o en la distribución internacional de productos y servicios; los mercados nacionales propiamente dichos pueden ganar enormemente gracias a la eficacia y al mayor alcance de la tecnología de la información.

Al mismo tiempo que nos concentramos en promover la obtención del máximo provecho posible del comercio electrónico, es importante reconocer que puede haber también inconvenientes. Un sector fundamental al que ahora se presta atención es el efecto de la dinámica cambiante del mercado en la mano de obra y la posibilidad de que se pierdan muchos empleos, ya sea por la competencia extranjera o por la modificación de la manera de comerciar, que eliminará sencillamente muchas actividades con gran densidad de mano de obra. Aunque este tipo de consecuencia puede ser inevitable y en conjunto se puede compensar sobradamente con la creación de empleos debida al crecimiento económico, quizá haya soluciones que el Estado y la industria puedan aplicar para minimizar este impacto negativo y contribuir a facilitar la transición a los trabajadores y a las comunidades.

La esencia del comercio por Internet es que aumenta las dimensiones de todo mercado de su entorno geográfico inmediato a una posible escala mundial. Esta expansión sin par del acceso al mercado y de las oportunidades para las empresas existentes y nuevas ha creado algunas de las ocasiones que más publicidad han recibido para acelerar el crecimiento económico en los países en desarrollo, incluidas las zonas relativamente pobres y rurales. El proceso encaminado a descubrir cómo aprovechar estos mercados mundiales y cómo los países, las colectividades y los empresarios pueden potenciar sus conocimientos y aptitudes especiales comienza apenas ahora en la mayoría de los países. En algunos casos, los artesanos indígenas han podido vender sus productos a una clientela mundial. En otros, el aumento del turismo puede ofrecer grandes oportunidades. En muchos casos, cuando existe personal adiestrado en tecnología de la información, Internet puede ofrecer oportunidades directas de trabajo en concepción de soporte lógico y proceso de datos y en otras muchas formas de empleo que requieran una utilización intensiva de la información.

El comercio en un mercado universal exige también la prestación de un servicio de calidad mundial y suficientemente flexible para satisfacer necesidades muy diversas. Estas exigencias imponen una pesada responsabilidad a los nuevos comerciantes electrónicos, que habrán de emplear un diseño de última hora en la Web, medios interactivos, servicios multilingües y muchas otras características que son familiares y útiles para una clientela diversa. La obtención de este grado de complejidad puede plantear un serio problema a los recién llegados al mercado digital, lo que significa que será necesario en general organizar programas para favorecer el desarrollo comercial y la formación y capacitación en aplicaciones del comercio electrónico.

También existe la necesidad vital de que las empresas que comercian por la Web, en particular las de países en desarrollo, compartan una información y una experiencia, que puedan revelar oportunidades de mercado, ventajas estratégicas y métodos exclusivos de esta industria en ciernes quizá útiles para sus homólogos de otros países y otros mercados. Empiezan a surgir ahora numerosas redes que pretenden conectar a las empresas que comercian por Internet para la compartición de este tipo de información y también para la adopción de iniciativas de comercialización conjuntas. Estas actividades son patrocinadas a escala mundial -por ejemplo la red mundial de centros de comercio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)- así como por los Ministerios Nacionales de Comercio y Turismo y muchas asociaciones industriales privadas.

Le rogamos que identifique los programas o iniciativas de su país que favorecen el desarrollo del mercado por medio del comercio electrónico.

Uno de los sectores en que el efecto de la transformación económica que trae consigo el comercio electrónico puede ser más intenso es el mercado del trabajo. El alcance y la magnitud de ese efecto es una cuestión totalmente abierta y sujeta a debate en muchas dimensiones. Por una parte, si el comercio electrónico genera en general un importante crecimiento económico, éste conducirá a mejores oportunidades de empleo en todas las especialidades. Sin embargo, la naturaleza exacta de la creación de empleo y de los conocimientos y experiencia necesarios para aprovechar directamente el comercio electrónico puede ser en algunas industrias muy distinta de la combinación tradicional del mercado del empleo, lo que significa que muchos trabajadores podrían quedar desplazados, temporal o permanentemente, como resultado directo de esta transformación.

La preocupación por el efecto a corto plazo de la evolución de la combinación de empleos económicos y técnicos en el mercado del trabajo ha conducido a algunos dirigentes laborales a poner en tela de juicio la verdadera utilidad de esta evolución. Como mínimo, es necesario prever y estudiar estos efectos cuando las tendencias económicas se empiezan a manifestar y las instancias de política deben estudiar las opciones para mejorar la formación de la mano de obra y para la readaptación profesional de los trabajadores que pierden realmente su empleo a causa de las necesidades cambiantes del mercado.

Le rogamos que examine las opiniones de su país sobre los posibles efectos a corto plazo y a plazo medio del comercio electrónico en la mano de obra, tanto en lo que respecta a la pérdida como a la creación de empleo, y las medidas de política que conviene estudiar para contrarrestar esos efectos:

Si las medidas antes descritas para crear confianza en la integridad y seguridad de las transacciones electrónicas se aplican realmente, se habrá dado un gran paso adelante para lograr que el entorno digital sea un medio seguro y fiable que permita al consumidor comprar y desplegar otras actividades. Sin embargo, en el reino naciente del comercio electrónico existen numerosas posibles y reales amenazas al bienestar del consumidor y es probable que surjan más en el futuro.

En resumen, donde hay comercio hay siempre quien trata de defraudar a los desprevenidos o utilizar abusivamente de otra manera las tecnologías del mercado para obtener una ganancia injustificada o ilegal. En el caso del comercio electrónico, estas tecnologías se pueden utilizar de maneras muy complejas y hay ya muchos ejemplos de timos y abusos en Internet, muy perjudiciales y perturbadores. Entre ellos cabe citar las promesas de inversión falsas, los anuncios por correo electrónico llamados "Spam" (inundación de mensajes) que bloquean los buzones y los servidores, varios sistemas para enriquecimiento rápido y el juego del avión o sencillamente el problema de los bienes y servicios que no se reciben de la manera acordada. La protección del consumidor puede abarcar también otros problemas ya examinados, como la seguridad de las transacciones financieras y la protección de la vida privada.

En muchos países en desarrollo no existen ni siquiera leyes tipo para la protección del consumidor u órganos encargados de su aplicación, de modo que el establecimiento de esas normas en relación con este nuevo entorno tecnológico puede ser muy difícil. Es enteramente imposible vigilar todas las comunicaciones que pasan por Internet, incluso dentro de una comunidad relativamente pequeña. Como mínimo, las autoridades policiacas necesitarán probablemente realzar la formación y los conocimientos de su propio personal para que éste pueda comprender y en definitiva perseguir y procesar a los más importantes violadores de la confianza y el bienestar del consumidor.

Otro aspecto de la protección del consumidor es la cuestión de la responsabilidad por las transmisiones fraudulentas, ilegales o abusivas en las redes electrónicas. Los proveedores de servicios de Internet, por ejemplo, conciertan contratos de servicios con usuarios finales y con comerciantes en línea y dan una seguridad por lo menos mínima en cuanto a la calidad y el coste de estos servicios de conectividad. Sin embargo, rara vez son directamente responsables del contenido preciso de los sitios que pueden existir en sus instalaciones o conocen siquiera ese contenido. Los propietarios y los autores de los sitios pueden también a menudo retransmitir sencillamente información y promociones comerciales que tienen su origen en otro lugar. Es preciso que las leyes que impongan responsabilidad por las prácticas comerciales deshonestas o fraudulentas en este entorno especifiquen claramente la función de cada participante a lo largo de la cadena de servicios y de las transacciones en línea.

¿Qué tipos de acuerdo internacional es preciso concertar para cerciorarse de que es posible perseguir el ciberfraude y otras prácticas análogas sobre una base mundial, gracias a una colaboración en las investigaciones y el procesamiento?

Las cuestiones jurisdiccionales pueden abarcar casi todas las cuestiones de la política del comercio electrónico, porque éste es indiferente de por sí a las fronteras nacionales. Como ya se ha dicho en relación con algunos de los demás temas debatidos en este documento, la diferencia entre las leyes y las políticas de distintos países pueden influir grandemente en la viabilidad y la credibilidad mundiales del comercio electrónico. Al mismo tiempo, no es práctico imaginar que se pueden armonizar suficientemente las leyes nacionales del mundo para evitar todo conflicto serio. Los principales problemas que se plantearán a este respecto obedecerán a diferencias legislativas y las consecuencias de estas diferencias son grandes, tanto en términos económicos como en materia de soberanía.

La imposición de las transacciones electrónicas y el cobro de derechos de importación por esas transacciones cuando cruzan fronteras internacionales quizá sean las cuestiones más difíciles y posiblemente perturbadoras que el Estado debe afrontar a medida que crece el comercio electrónico.

Las cuestiones fiscales pueden revestir diversas formas. En primer lugar se plantea la cuestión de los "impuestos de transmisión digital", es decir, nuevos impuestos especiales que se pueden aplicar a las transmisiones digitales, diferentes de los impuestos ordinarios que pueden existir ya para los productos y servicios que se adquieren por medios electrónicos. Algunos países, como los Estados Unidos de América, han adoptado un criterio consistente en aplicar una moratoria a los nuevos impuestos o derechos de esta clase con objeto de favorecer el desarrollo más rápido posible de esta nueva forma de comerciar. Otros países sin embargo pueden hallar difícil prescindir de una nueva fuente de ingresos públicos.

En general, el principio de la "neutralidad fiscal" parece ser ahora el método más generalmente aceptado para resolver los problemas fiscales que plantea el comercio electrónico. En virtud de este principio, no debe haber diferencia ni discriminación en la imposición de productos físicos o electrónicos (sean éstos bienes o servicios digitales). Mucho más complejos son los problemas de la jurisdicción y las funciones institucionales relacionadas con el cobro de los impuestos devengados por el comercio electrónico.

El funcionamiento en el ciberespacio significa que la ubicación física de una empresa carece completamente de interés y es quizá indetectable porque es fácil trasladar de un lugar a otro los ficheros de datos y el soporte físico correspondiente. Así, las leyes fiscales basadas en el lugar donde el comerciante despliega su actividad pueden ser cada vez más difíciles de aplicar y los países con leyes más tolerantes pueden convertirse rápidamente en paraísos fiscales para muchos tipos de empresas. Es posible que sea necesario estudiar nuevos tipos de impuestos, así como nuevos medios para vigilar y comunicar las transacciones comerciales y que se necesite una coordinación internacional mayor de las políticas fiscales.

De igual modo, los derechos de importación y los aranceles pueden variar considerablemente de un país a otro y crear importantes incentivos para que las empresas establezcan sus operaciones de comercio virtual en un lugar determinado, o todo lo contrario.

La cuestión de los derechos de importación y los aranceles ha suscitado diversas posiciones. De momento, varios países han decidido aplicar una moratoria a los aranceles aplicables a los artículos que se encargan y entregan por redes electrónicas -como Internet. En la reunión ministerial de 1998 de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Ginebra, Suiza, 132 naciones miembros acordaron no imponer, hasta fines de 1999, ningún arancel o derecho de importación a los productos o servicios entregados por medios electrónicos.

Inicialmente, algunos países en desarrollo se opusieron a la moratoria y propusieron que el asunto se trate como un caso de negociación arancelaria. Varias naciones en desarrollo propusieron aceptar un compromiso de imposición cero a los bienes digitales a cambio de unos aranceles mucho menores para sus principales productos de exportación, es decir, productos de entrega física. La resistencia inicial incitó a la aceptación de una moratoria de 18 meses, con el acuerdo de que se examinarían muy de cerca las preocupaciones de los países en desarrollo.

Los Estados que tienen interés en favorecer un aumento del comercio internacional por medio del comercio electrónico pueden sentirse inclinados a minimizar los aranceles aplicables a la corriente de datos transfronteriza y el esfuerzo por identificar las transacciones comerciales extranjeras basadas en la información.

Otros pueden ver un riesgo de erosión de la actual corriente de ingresos públicos por el desplazamiento de la actividad comercial hacia tecnologías en línea. También en este caso, la armonización de la práctica de todas las jurisdicciones contribuiría a favorecer un sistema comercial más equitativo.

Hay un problema importante del comercio internacional de productos y servicios digitales -como soporte lógico, viajes o banca- que no está relacionado con las barreras arancelarias sino con otras barreras al acceso al mercado internacional. La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la entidad multilateral que se ocupa de las cuestiones de acceso al mercado. Sobre la base de los principios de la OMC, los productos adquiridos y pagados por Internet pero cuya entrega se efectúa materialmente estarían sujetos a las normas de la OMC sobre el comercio de bienes. La situación es sin embargo más complicada en el caso de los productos digitales que se entregan por Internet, porque se plantea toda una serie de problemas en relación con el sistema de política adecuado.

Hay quienes creen que, en principio, los servicios prestados por Internet entran dentro del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Ello significaría que no es necesario redactar nuevas normas aplicables al suministro electrónico de servicios. Pese a ello, sigue siendo necesario aclarar exactamente cómo el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios se aplica al comercio electrónico y tomar decisiones de política en relación con las cuestiones que no están claras o que dicho Acuerdo General no resuelve definitivamente. Un sector especialmente espinoso es el de los artículos que se pueden entregar a la vez electrónicamente y físicamente, como los programas informáticos. Tampoco está claro qué cuestiones de política relacionadas con el comercio electrónico deben ser resueltas por la OMC y cuáles han de ser abordadas por otras entidades.