Día Mundial de las Telecomunicaciones 1998

May 4, 1998


El comercio por internet: ¿Libre y desordenado u ordenado y seguro?


Uno de los aspectos más preocupantes del comercio por Internet es no ver a las personas con las que se negocia. Los negocios se basan en la confianza y la confianza comercial se basa en la existencia de un marco reglamentario. Si no hay confianza en los proveedores no se les pasa pedidos y si no se confía en los tenderos no se compra en sus establecimientos. "Cuanto más se acerca el momento de la compra, más necesaria resulta la interacción humana", afirma Schoeman Rudman, Director de informática de redes para la rama mundial de seguros de IBM. Lo denomina el impulso de "agarrar a alguien por el cuello".

Los cibercuellos son escurridizos en los confines electrónicos, pero abundan las preguntas sobre ellos. ¿Debe reglamentarse y gravarse el comercio electrónico internacional? ¿Cómo es posible proteger del fraude a los consumidores y a las empresas? ¿Qué ocurre con los derechos de propiedad intelectual, la política de competencia, la protección de datos y la intimidad, la encripción y los contenidos ilegales o polémicos, tales como la pornografía?

Los gobiernos, las organizaciones internacionales y los grupos de industrias y asociaciones privadas están buscando respuestas e intentando crear marcos de debate o, como mínimo, ponerse de acuerdo sobre un proceso definitorio de dichas cuestiones.

John Dryden, Jefe de la División de Política de Información, Informática y Comunicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), explica que el problema fundamental de la intervención estatal es que los Estados tienen límites geográficos mientras que Internet trasciende las fronteras y no se ve afectado por la distancia.

Los Estados tienen otros inconvenientes. Tienen que negociar unos con otros para hacer que se cumplan los reglamentos internacionales, aunque mantengan diferencias entre ellos en cuanto a lo que cada uno debe controlar. En Estados Unidos, la Federal Communications Commission es un organismo independiente que supervisa estos servicios; en Europa, esta función suele desempeñarla un determinado ministerio.

El Gobierno norteamericano y la Unión Europea han reunido a los máximos dirigentes de las empresas para formar un grupo denominado el TABD (Diálogo transatlántico entre empresas). La Comisión de Comercio Electrónico del TABD intenta convencer a los gobiernos de Europa y de Norteamérica de que adopten una postura permisiva con respecto a Internet. Afirman que el mercado libre y la libertad de elección de los consumidores generarán las normas y protecciones necesarias en Internet.

Bill Poulos, Director de Política de Comercio Electrónico de EDS, empresa de servicios informáticos, preside esta Comisión. Cree que las empresas deben desempeñar una función más activa en la elaboración de las políticas de Internet que la que han tenido hasta la fecha. "Antes, las autopistas se construían con fondos públicos", afirma. "Las futuras autopistas [virtuales] se construirán con fondos privados".

Subraya que los Estados tienen la obligación de proteger los intereses de todos los implicados, entre ellos, aunque no exclusivamente, las empresas. Se trata de abrir un diálogo, de "reservar un espacio para la empresa" con propuestas orientadas al sector, impulsadas por el mercado, autorreglamentadas, transparentes y que ofrezcan incentivos a los inversionistas privados. "Si no hay transparencia, los inversionistas privados no invertirán en este negocio", señala.

John Curran, principal responsable tecnológico de GTE Internetworking, y que pertenece a varias Comisiones consultivas sobre el desarrollo de políticas para Internet, manifestó una opinión similar. Afirma que lo importante hoy en día no es el resultado en sí, sino la necesidad de evaluar los costos de las alternativas en competencia.

El problema para las administraciones fiscales, y para otras áreas del comercio por Internet, es que los marcos legales tienen vigencia dentro de fronteras definidas, e Internet no las tiene.

El Sr. Curran afirma: "algunos empresarios preferirían que hubiera un impuesto sobre el comercio electrónico del 8% en todos los sitios, a que hubiera el 8% en un sitio y el 6% en otro, sin transparencia ni coherencia".

Los impuestos están sujetos a diferentes organizaciones y jurisdicciones. Los impuestos sobre las ventas en los comercios se basan en los propios puntos de venta. En el caso de las ventas por correo, los impuestos se basan en la residencia del comprador. ¿Qué categoría resulta apropiada para lo que se compra por Internet?

Brian Catt de Infonet Services Corp., que ofrece servicios de comunicaciones a empresas multinacionales, afirma que la recaudación de impuestos puede hacerse a menudo "de la misma manera que el comercio por correo o por teléfono; es responsabilidad del comprador y del vendedor comunicar a las autoridades pertinentes las transacciones efectuadas en sus cuentas y los demás ingresos que determina la ley. El servicio que sustenta la transacción no tiene la responsabilidad de facilitar los medios para ello".

Resulta complejo gravar las ventas de productos digitales tales como los programas informáticos y la música, porque pueden tener diversas procedencias y destinos.

Hay una propuesta, que se está debatiendo actualmente en Estados Unidos, sobre un impuesto administrado federalmente y distribuido a las entidades pertinentes (Estados o entidades locales) en función de parámetros pendientes de determinar, afirma el Sr. Curran.

Otra propuesta es la de un impuesto sobre los "canales" de Internet que atraviesan un Estado, al igual que hay impuestos sobre la utilización de las autopistas estatales.

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) apoya la petición del Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, de una moratoria fiscal sobre el comercio electrónico hasta el 31 de diciembre del año 2000.

La Secretaria General de la CCI, María Livanos Cattaui, advierte que "la fragmentación de la reglamentación por parte de los diferentes Estados podría perjudicar seriamente el desarrollo de un mercado en el ciberespacio".

La reglamentación de los contenidos es incluso más difícil porque la tecnología y el propio mercado han desdibujado las diferencias entre los proveedores de canales de comunicaciones, servicios de Internet y contenidos. Además han surgido nuevas categorías como la telefonía por Internet. ¿Deben aplicarse las normas de los órganos de reglamentación de telefonía, las de otros organismos o ninguna en absoluto? ¿Debe considerarse la distribución Web como emisora de televisión o no?

"El jurado se encuentra aún reunido debatiendo esto", manifiesta el Sr. Dryden de la OCDE. "Hay que preguntarse si se puede evitar que la gente lo haga, o si hay que evitarlo."

El desfase entre las realidades del mercado y los marcos reglamentarios se puso de manifiesto el mes pasado cuando el creador de PGP (Pretty Good Privacy) obvió la prohibición estadounidense sobre la exportación de programas informáticos de encripción, colándose por un agujero legal al vender un producto similar a través de una empresa suiza.

La reglamentación prematura en un país lo convertiría en una isla en el océano Internet, y los otros evitarían dicha isla, observa el Sr. Poulos de EDS.

Claudia Flisi