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Si en la era pre-convergente, la red se financiaba directamente con la comercialización de los servicios para los que dicha red estaba originalmente diseñada y luego en la primera era convergente con el empaquetamiento de servicios diversos sobre la misma red, en la segunda era de la convergencia, la desagregación lógica entre red y servicio se traduce en que la financiación de las infraestructuras cada vez menos se puede sustentar en los servicios finales de comunicación electrónica y multimedia. Las transformaciones tecnológicas y competitivas han dejado obsoletos los marcos regulatorios de las telecomunicaciones, lo que produce asimetrías que por una parte generan sobre-regulación, y por la otra, potencialmente desprotección a los consumidores. En ese contexto, es indispensable reformular las políticas públicas y los marcos regulatorios e institucionales para maximizar el bienestar social a través de la expansión del ecosistema digital, la oferta de servicios competitivos e innovadores, la adecuada protección de los consumidores, la seguridad nacional y el fortalecimiento de las infraestructuras de conectividad.
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