Orden del día

Gran parte del panorama de la gobernanza de la IA está convergiendo en una agenda compartida: hacer que los sistemas de IA sean seguros, legales y responsables. Se trata de objetivos para los que se construye la reglamentación, a través de normas, requisitos y cumplimiento que se aplican a todos los sistemas por igual. Más allá de ellos se encuentra un segundo conjunto de preocupaciones que un enfoque a través de la regulación no alcanza tan bien, porque el resultado no es un umbral uniforme sino una distribución que toma forma entre las partes: lo que consume un sistema para funcionar y si vale la pena obtener los efectos que produce, quién captura el valor que genera la IA y quién asume sus costos. sobre qué datos, trabajo y computación se construye un sistema y en qué términos, quién tiene voz y voto real en lo que está diseñado para hacer, y si las comunidades sobre las que actúa siguen en pie a medida que cambian sus términos. Estas preocupaciones no pueden resolverse con requisitos establecidos de antemano para todos los sistemas de IA dentro de una jurisdicción; Se configuran dinámicamente, a medida que las cadenas de valor se configuran y se relacionan con sus entornos sociales, económicos y naturales, a menudo transfronterizos. Este es el dominio del pedido privado: la configuración se realiza a través de decisiones comerciales, tomadas de forma privada y en interés comercial, sin que ninguna parte esté cargada con los intereses del interés público. Cada parte responde por su propio acuerdo; Nadie responde por el patrón al que se suman esos acuerdos, por lo que la forma que se forma en toda la economía parece no ser responsabilidad de nadie. Sin embargo, es un dominio de gobernanza en todo menos en el vocabulario: las decisiones de consecuencias públicas reales se toman en él continuamente, sin ningún instrumento compartido para hacer que sus consecuencias públicas sean legibles y gobernables.

El marco AI Commons (AIC) es una propuesta para esos instrumentos. Se basa en los precedentes de Creative Commons y de código abierto —términos normalizados adoptados voluntariamente que se convirtieron en sistémicos por acumulación y exigibilidad legal ordinaria, sin mandato legal— y extiende el mismo mecanismo a las condiciones de los despliegues de IA. Un adoptante compone un compromiso a partir de un conjunto de perfiles (reciprocidad, sostenibilidad, apertura, gobernanza, acceso, valor) y lo escribe en los contratos bajo los que ya viaja una capacidad. Una vez allí, el compromiso puede extenderse como un requisito a otros en la cadena de valor, de modo que un compromiso estandarizado en un nodo puede convertirse en un requisito lateral en el siguiente, y la coordinación se acumula sin ningún mandato central. Cada perfil establece los términos de una relación entre una instalación y el mundo que la rodea. Un sistema se basa en los datos, el trabajo y el conocimiento que otros suministran; La reciprocidad reconoce esas contribuciones ascendentes y devuelve parte del valor que el sistema genera a las personas que están detrás de ellas, de cuya labor continua sigue basándose. Consume energía y computación para ejecutarse y deja una huella ambiental; La sostenibilidad mide el impacto en cada nodo y lo compara con los efectos reales de lo que hace el sistema, manteniendo el despliegue en un equilibrio neto que sea neutral como mínimo y regenerativo cuando sea posible. La apertura requiere transparencia operativa, de modo que una parte independiente pueda examinar cómo se comporta realmente el sistema. La gobernanza ofrece a las comunidades y a los interesados un sistema que afecta materialmente a las decisiones que dan forma a su funcionamiento y a sus cambios. El acceso mantiene la capacidad disponible públicamente, en todos los tipos de usuarios e independientemente de su capacidad de pago. El valor encamina una parte de las ganancias que produce la automatización a una renta básica incondicional que, agregada por muchos adoptantes, llega a la comunidad en general.

La mayor pertinencia del marco para la CMSI radica en que, al tratarse de cláusulas contractuales, funcionan dentro de las estructuras jurídicas y comerciales que ya tienen todos los países, y atraviesan cadenas de valor transfronterizas sin necesidad de que las jurisdicciones armonicen sus leyes. De este modo, el marco es una vía de aplicación que no depende de la infraestructura reglamentaria nacional: un comprador o un innovador de cualquier región puede empezar a gobernar el impacto de la IA ahora, sin esperar a que la reglamentación se ocupe de estas cuestiones. Es una ruta concreta hacia el objetivo que comparte la reunión de esta semana: una transición a la IA cuyos beneficios lleguen a todos, no solo a los más avanzados tecnológicamente.