Financiación de las TIC: Superación de la diplomacia del talonario de cheques

Cuando las delegaciones de todo el mundo adoptaron los documentos resultantes de la primera fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), celebrada en Ginebra en diciembre de 2003, quedaron sin resolver dos cuestiones importantes: el Gobierno de Internet y los mecanismos financieros a utilizar para colmar la brecha digital.

Dado que el debate sobre la administración de Internet continua ocupando los titulares, se puede perdonar a los observadores el que consideren que la cuestión de la financiación de las ambiciosas metas definidas en el Plan de Acción adoptado en Ginebra ha pasado a un segundo plano. Resulta fácil entender, que la excesiva minuciosidad propia de cualquier debate sobre financiación puede contribuir a veces a que éste resulte más árido de lo previsto. Dicho lo cual conviene señalar que el trasfondo de esta cuestión es de la mayor importancia para el proceso de la CMSI y refleja los profundos cambios que ha experimentado el planteamiento a nivel mundial de los mecanismos internacionales de desarrollo.

Revolución silenciosa

Aunque los mecanismos de financiación suelen evocar imágenes de subvenciones de gobiernos y organismos internacionales, durante los últimos diez años han aparecido estrategias de desarrollo de las TIC en todo el mundo en las que cada vez ha cobrado mayor protagonismo el sector privado. Lo que es más importante, mientras que hace tan sólo pocos años la gran mayoría de los representantes del sector privado procedían de los países industrializados, hoy en día su origen se está desplazando de modo imparable hacia el mundo en desarrollo. Brasil, China, India, Malasia y Sudáfrica se han destacado como nuevos e importantes actores en la escena de las TIC.

Las empresas de estos sectores confían cada vez más en los mercados de capital locales de rápido crecimiento. Hay una gran cantidad de datos que atestiguan esta revolución silenciosa. Uno de los mejores estudios aparecidos recientemente es el Informe elaborado por el Grupo Especial sobre Mecanismos de Financiación (GEMF) publicado en febrero de 2005.

La confianza en el sector privado

Este Informe -que contiene 120 páginas, aproximadamente, de análisis de los mecanismos financieros actuales y de las tendencias futuras- fue encargado inicialmente por la Cumbre de Ginebra. Posteriormente, el Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan creó el GEMF. Las conclusiones de los expertos de este Grupo Especial indican que la tendencia general ha sido la disminución progresiva, desde el año 2000, de las inversiones procedentes de los gobiernos y organismos internacionales tales como el Banco Mundial, mientras que el sector privado ha ido tomando posiciones como agente primordial en la difusión de las TIC.

La liberalización y privatización de los operadores nacionales de telecomunicaciones en 76 países en desarrollo, aproximadamente, ha generado unos ingresos en torno a los 70 000 millones USD. A lo largo de los 15 últimos años, más de 1 000 millones de personas han tenido acceso a los servicios de telefonía fija y móvil, ordenadores, Internet y demás TIC. Debido a este cambio, apuntan los autores del Informe, la creación de entornos políticos de fomento que garanticen la libertad de participación, la competencia leal y la reglamentación orientada al mercado son de la mayor importancia. Estas medidas de creación de confianza atraen nuevas empresas y, por consiguiente, más inversiones en TIC.


Estímulos para el crecimiento

No hace falta decir, sin embargo, que el sector privado sólo puede alcanzar su pleno potencial como motor del crecimiento una vez se consiga un cierto grado de desarrollo. Por este motivo, a pesar de los esfuerzos de las agencias de desarrollo, es probable que queden segmentos clave de las facilidades de las TIC en los países en desarrollo que resulten poco interesantes para las inversiones del sector puramente privado, en un futuro previsible.

Las asociaciones entre los sectores público y privado -es decir, las empresas mixtas entre el Estado y las compañías privadas- serán indispensables para abordar las carencias básicas en infraestructura. La cooperación a este nivel presenta asimismo la ventaja de reducir los riesgos para cada una de las partes interesadas. Cabe esperar que los efectos inducidos por estas estrategias híbridas de desarrollo sirvan para estimular la demanda y atraer inversiones de las empresas puramente privadas. Por citar un ejemplo concreto, muchos países han comenzado a reforzar los mecanismos de financiación del acceso universal -es decir, aquellas iniciativas del Estado que garantizan el acceso a las TIC a todos los miembros de la sociedad.

Gracias a estos mecanismos, zonas que todavía no disfrutan del potencial económico para atraer al sector privado por sus propios méritos van a recibir un impulso para entrar en este ciclo económico. Los modelos existentes en América Latina han demostrado que, una vez aplicados, estos planes de acceso pueden desencadenar fuerzas del mercado que contribuirán a perpetuar la actividad inicial. Donde la densidad de población y la renta per cápita sean insuficientes para soportar planes de desarrollo nacional, habrá que adoptar acciones a nivel regional para potenciar las economías de escala.

Cuestiones para Túnez

Resulta evidente que el desarrollo de las TIC en las zonas marginales necesitará de la intervención de los gobiernos. Cabe preguntarse, sin embargo, cuáles serán los asuntos a los que deberá otorgarse prioridad.

Es sobradamente conocido que, hasta ahora, los esfuerzos para el desarrollo de las TIC se han centrado en los equipos físicos y en la infraestructura, con preferencia al software, la creación de capacidades y la formación profesional. Este desequilibrio constituye un problema que la mayor parte de los países ya están de acuerdo en abordar. Sin embargo, cuando llega la hora de seleccionar el tipo de industria de software sobre la que ha de centrarse el desarrollo, se rompe el consenso con rapidez.

Mientras los Estados Unidos y otros países industrializados se inclinan por defender el desarrollo de software propietario, Brasil y muchos países en desarrollo manifiestan su preferencia por la inversión de recursos financieros en software libre y de "código abierto". Otro de los debates más acalorados se centra en la cuestión de si se necesitan realmente nuevos mecanismos de financiación o si bastaría con administrar de manera más eficiente los recursos existentes.

Una vez más, ambas posturas están perfectamente delimitadas: los países en desarrollo se inclinan por solicitar más fondos, mientras que los representantes del mundo industrializado pretenden aumentar la eficacia y transparencia de la gestión de los actuales mecanismos de financiación.

Incluso suponiendo que se superasen las divergencias de estos dos frentes, queda un tercer problema por resolver: quién sería el responsable de decidir en qué se invertirían los posibles fondos en el futuro. Para aumentar su influencia sobre las decisiones futuras, los perceptores potenciales de estos fondos están reclamando mecanismos internacionales de financiación. Los países donantes, no obstante, son reacios a perder su influencia a la hora de decidir el destino de sus aportaciones financieras.


El Fondo de Solidaridad Digital

Aunque todos estos problemas podrían llevar a largas discusiones con resultados poco satisfactorios, la primera fase de la CMSI ya ha demostrado su capacidad de producir resultados tangibles.

El Fondo de Solidaridad Digital (FSD), vástago de la Cumbre, ha funcionado durante los dos últimos años, respaldando proyectos de acceso universal de todo el mundo. Cuando el Presidente de Senegal Abdoulaye Wade formuló el concepto de solidaridad digital y de un fondo mundial que respaldara este ideal, durante la primera fase de la CMSI, no todo el mundo estaba preparado para este enfoque tan utópico.

Por extraño que parezca, sin embargo, una vez que se corrió la voz, la idea del Presidente Wade cobró vida por sí sola. Sintiéndose frustrados por la lentitud de la respuesta de sus Gobiernos ante esta cuestión, los Alcaldes de Ginebra y de Lyon, junto con el Gobierno de Senegal, dieron un paso adelante y lanzaron el FSD en diciembre de 2003 como fundación independiente amparada por las leyes suizas.

Desde octubre de 2005 el FSD ha recibido más de cinco millones de Euros de ciudades, entre las que destaca París, de regiones entre las que cabe citar el País Vasco, de Gobiernos del "primer mundo" tales como Francia y, sobre todo, de otros países africanos como Kenya y Ghana.

Otro concepto lanzado por el Fondo -el denominado Principio de Ginebra- también podría contribuir a mejorar estas cifras. Este Principio propone un recargo del 1% sobre los contratos públicos de adquisición de TIC, a desembolsar por el proveedor adjudicatario con cargo a su margen de beneficio.

De adoptar este mecanismo una de cada 100 de las mayores ciudades del mundo, podría fortalecerse un nuevo proceso de financiación pública-privada de manera autónoma, que contribuiría a colmar la brecha digital en breve plazo.