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Cuando un equipo de socorro extranjero se precipita al lugar donde ha habido un terremoto descubre que, al llegar al país afectado, los funcionarios de aduanas no los autorizan a entrar con el equipo de telecomunicaciones correspondiente, alegando la legislación nacional que prohíbe la importación de material de radiocomunicaciones sin autorización previa, otorgada por una entidad pertinente (la misma que puede haberse desplomado a raíz del terremoto). Se ha llegado incluso a la confiscación del equipo de telecomunicaciones de los expertos extranjeros en asistencia, y hasta el de organizaciones humanitarias internacionales, así como al arresto de los operadores.
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