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En un país recientemente devastado por un conflicto armado se tuvieron que interrumpir todas las redes de telecomunicaciones públicas, aunque su utilización ya era bastante limitada. Algunas organizaciones internacionales pusieron en marcha actividades humanitarias a gran escala. Por otro lado, una empresa privada, proveedora de equipos y servicios de telecomunicaciones e integrante de las asociaciones no gubernamentales que se sumaron a esta iniciativa, se ofreció a desplegar rápidamente y en forma gratuita un sistema de teléfonos móviles, que aseguraría las comunicaciones locales e internacionales de las organizaciones que trabajaban en la capital del país afectado.
Estas entidades se alegraron de la generosa oferta. Rápidamente se instalaron tres estaciones de base móviles conectándolas a una pasarela internacional de otro país a través de un enlace por satélite VSAT. No se solicitó una licencia ya que tanto proveedores como usuarios consideraron el sistema como una red privada utilizada en una operación de socorro tras una catástrofe, y por lo tanto gozaba de los privilegios enunciados en el "Convenio de Tampere".
El gobierno y varias organizaciones no gubernamentales del país afectado fueron partícipes decisivos en las actividades de socorro. Incluir al gobierno y a las ONG en la red de telecomunicaciones de emergencia que la empresa privada donante había instalado era al parecer lo más lógico. Se dieron además algunos teléfonos móviles a las instituciones nacionales partícipes. La empresa donante cubrió los gastos de las comunicaciones con el fin de evitar que el uso de este equipo representara una carga financiera para los colaboradores nacionales. Aparte del aspecto humanitarios de esta contribución, la empresa esperaba naturalmente ser tenida favorablemente en cuenta en futuras ofertas de contratos importantes, una vez implantados proyectos de desarrollo tras el fin de operaciones de socorro.
Sin embargo, lo que parecía la perfecta solución a las necesidades de todos en materia de comunicaciones de emergencia, resultó ser también el fin de esta red, privada en un principio, pues al ofrecerla a otros socios distintos de las organizaciones humanitarias internacionales, se convirtió en un servicio público. Como tal, hubiera necesitado una licencia de las autoridades del país anfitrión. Por consiguiente, el Ministerio de Telecomunicaciones ordenó el cierre de la red y el desmantelamiento de las instalaciones. Se reemplazó la infraestructura de la red por un sistema similar proporcionado por otra empresa extranjera. Antes de la guerra, hace unos años, un gobierno anterior había concedido a dicha empresa una licencia para redes móviles nacionales y el nuevo gobierno decidió aplicar esa decisión.
Lección aprendida: Permitir a otros el acceso a una red privada especializada convirtió al sistema en una red pública, sujeta a normas que no se habían respetado. Si se hubieran tenido en cuenta esas normas, no se habría perdido un instrumento valioso para las operaciones de ayuda humanitaria. Durante una grave emergencia, como es lógico, otras cuestiones que no son reglamentarias tienen prioridad. Sin embargo, en muy poco tiempo, es posible que la legislación y los reglamentos nacionales que rigen las redes de telecomunicaciones vuelvan a imponerse y a observarse estrictamente.
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