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La Conferencia fue presidida por el Embajador Sr. Thomas Siebert (EE.UU.) con la ayuda de 6 Vicepresidentes: Excmo. Sr. Mahamoudou Ouedraogo (Burkina Faso), Sr. Andrés Culagovski (Chile), Sra. Irene Albers (Países Bajos), Sr. Alexander Krupnov (Federación de Rusia), Sr. Sami El-Basheer (Arabia Saudita) y Sr. Mahidol Chantrangkurn (Tailandia). El Orden del día El objetivo de la Conferencia era establecer la política general de la Unión, adoptar un Plan Estratégico de cinco años y elegir al Secretario General, al Vicesecretario General, a los Directores de las Oficinas de Radiocomunicaciones, de Normalización de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las Telecomunicaciones, a los Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y a los Miembros del Consejo de la UIT. Principales decisiones de la Conferencia
La Conferencia reconoció la necesidad estratégica, no sólo de mantener, sino también de reforzar la relación entre los sectores público y privado de la industria y los Gobiernos Miembros de la UIT. En Minneápolis, se adoptaron una serie de medidas orientadas a reflejar la importancia del sector privado en el cumplimiento de la misión de la UIT y se acordó ajustar la Constitución y el Convenio de la organización para reflejar esta necesidad. La tarea no era sencilla: hubo que reconciliar los deseos de los Estados Miembros en cuanto a mantener la UIT como organización interestatal con los imperativos de un entorno liberalizado en el que el papel de los Gobiernos se está apartando de las operaciones de telecomunicaciones, dando paso al sector privado. A continuación se indican algunas decisiones de la Conferencia que tuvieron una buena acogida por parte de los representantes de la industria:
Pero la Conferencia reconocía también que los derechos y obligaciones son dos caras de la misma moneda y que es necesario encontrar un equilibrio justo entre ellas; se decidió iniciar un proceso de examen en el que se determine, en el contexto de un sistema de libre elección, si la relación actual entre los niveles de las unidades contributivas pagadas por los Estados Miembros y por los miembros de la industria (es decir, 1/5) debe mantenerse, a la luz de la futura estructura financiera de la Unión. La Resolución prevé que en el examen participen los Estados Miembros y los miembros de la industria para considerar las contribuciones de estos últimos e informar a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios sobre los resultados de toda medida que se considere necesaria.
Tras las medidas adoptadas en las Conferencias anteriores encaminadas a satisfacer las necesidades crecientes y diversas en materia de telecomunicaciones de los países en desarrollo mediante Oficinas Regionales, la Conferencia de Minneápolis decidió reforzar la presencia en las diversas Regiones en que se divide la Unión y delegar en ellas la autoridad para adoptar decisiones con arreglo a su mandato, mejorando al tiempo la coordinación con la Sede. También pidió a las Oficinas Regionales que refuercen la cooperación con las organizaciones regionales y otras de ámbito internacional que tratan sobre temas de desarrollo y financieros. Encargó al Consejo que reexamine el papel de dichas Oficinas, sus funciones y objetivos y le encargó que incluya como tema permanente de su orden del día, el examen de la situación y de la adaptación estructural constante y operación a medida que sean necesarias. Con este fin, se atribuyeron recursos dentro de los límites de gastos.
La Conferencia adoptó dos decisiones importantes sobre temas de Internet: uno sobre la participación de la UIT en las redes basadas en el protocolo Internet y otro sobre la gestión de los nombres de dominio y direcciones Internet. Ambos textos son el resultado de negociaciones muy delicadas entre todos los ponentes. Las dos resoluciones importantes representan un compromiso. La Conferencia integró en el Plan Estratégico, como una de las prioridades del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, la producción de Recomendaciones que incluyan aspectos relacionados con el protocolo Internet, así como con la interoperabilidad y la convergencia de las redes basadas en dicho protocolo, incluyendo la red Internet, con las actuales infraestructuras de red. Además, se adoptó una Resolución en la que se encarga al Secretario General que elabore un Informe con un amplio resumen de las actividades que la UIT realiza actualmente en relación con las redes basadas en el protocolo Internet y las funciones y actividades de otras organizaciones, describiendo su participación en los temas de las redes basadas en dicho protocolo. El Informe indicará el grado de cooperación entre la UIT y esas organizaciones, y se distribuirá ampliamente. Sobre la base del Informe, se efectuarán consultas con otras organizaciones sobre toda posible necesidad de iniciar nuevas actividades de colaboración relacionadas con las redes basadas en el protocolo Internet. Sobre el tema de los nombres de dominio y direcciones Internet, la Resolución reitera el hecho de que el desarrollo de Internet debe responder fundamentalmente al mercado y al impulso de la iniciativa privada, pero que también los Gobiernos deben participar de alguna manera. En particular, la función de los Gobiernos es establecer un marco jurídico claro, coherente y predecible con el fin de promover un entorno favorable en el que las redes de información mundial puedan funcionar entre sí y sean ampliamente accesibles a todos los ciudadanos, asegurando al tiempo una protección adecuada de los intereses de los consumidores y los usuarios. La Resolución hace también hincapié en la necesidad de un futuro sistema de registro, atribución y gobierno de los nombres de dominio Internet con el que se equilibren de manera justa los intereses de todos los participantes, en particular, de las empresas y de los consumidores, sin privilegiar a ningún país o región del mundo en detrimento de los demás. Con estos antecedentes, la Conferencia pidió al Secretario General que desempeñe un papel activo en los debates e iniciativas a nivel internacional sobre la gestión de los nombres de dominio y direcciones Internet, prestando especial atención a las actividades de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esta medida da claramente luz verde a la Secretaría de la UIT para ejercer un papel de vanguardia en los temas de Internet.
Dado el nivel decreciente de los recursos disponibles para la UIT y la necesidad de reforzar las fases financieras de la organización, la Conferencia decidió introducir mecanismos de mercado tales como el de recuperación de costes. La recuperación de costes va en la línea del principio de "pago por el usuario" según el cual los que más se benefician de un servicio, especialmente si se trata de un servicio de utilidad para unos pocos, deben soportar la carga de su coste. Muchos consideran que la introducción de una mayor responsabilidad financiera del sector privado, unida a unas mayores prerrogativas es una de las mejores maneras de mantener la financiación de las actividades importantes de la Unión, sin aumentar la carga financiera que soportan todos los Miembros. Otra de las maneras es la atribución plena de los costes y la recuperación de los costes de los productos y servicios específicos que ofrece la Unión. No obstante, la Conferencia hizo hincapié en que la recuperación de costes no ha de considerarse como actividad generadora de ingresos o beneficios. Se acordaron una serie de criterios para la identificación de los productos y servicios que serán motivo de recuperación de costes, incluyendo la determinación de cuándo un producto y servicio se ofrece en beneficio de un número limitado de Miembros, de cuándo un producto o servicio es solicitado con mayor intensidad por un número reducido de usuarios o de cuándo se solicitan los productos y servicios sobre una base discrecional. La Conferencia encargó al Consejo que modifique el Reglamento Financiero para dar cabida a la recuperación de costes y asegurar la responsabilidad y la transparencia. En cuanto a los precios de tramitación de las notificaciones de redes de satélite, la Conferencia decidió establecer un Grupo de Trabajo en el que participen administraciones y miembros operadores de redes de satélite del Sector de Radiocomunicaciones, encargado de elaborar recomendaciones para el Consejo de 1999 sobre metodología de costes y calendario de pagos. También encargó al Consejo que determine, tan pronto como sea posible tras su reunión de 1999, los precios de tramitación de todas las notificaciones de satélite recibidas en la UIT a partir del 7 de noviembre de 1998, previendo la satisfacción de los pagos tan pronto como sea posible después de la CMR-2000.
El exceso de notificaciones suele asociarse a los "satélites ficticios", pues se reserva capacidad (posición orbital con las frecuencias correspondientes) que no corresponde a una utilización real. Los satélites ficticios han proliferado debido al deseo de "reservar" segmentos orbitales para utilización futura de aplicaciones potenciales y, en ciertos casos, con el fin de utilizar los segmentos orbitales para acuerdos comerciales o para distribución posterior en el mercado nacional o internacional siguiendo estrategias de reventa, arriendo o de otro tipo al mejor postor. Al evaluar la capacidad orbital, y los temas de coordinación, uno de los problemas principales es la existencia de sistemas que se están coordinando, pero que no representan necesidades reales de comunicaciones. Actualmente es de sobra conocido que algunas administraciones tratan de iniciar el procedimiento de coordinación para más posiciones orbitales y/o espectro que el necesario, confiando en que algunas de estas posiciones no sobreviva al final del proceso de coordinación. No obstante, el incremento de estos sistemas "ficticios", junto con la demanda rápidamente creciente de segmentos orbitales, da lugar a dificultades en la coordinación de satélites que a su vez se traducen en prolongados procesos de coordinación y mayores costes. Tratando de desalentar la reserva de capacidad sin utilización real (satélites ficticios) la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 examinó un enfoque mediante el que se solicitaría a cada administración que aporte pruebas específicas de la seriedad de intenciones de establecer un sistema de satélite al que se aplican los procedimientos reglamentarios. Se plantearon dos formas distintas de este enfoque, conocido como "diligencia debida": administrativa y financiera. La diligencia debida administrativa consiste en la comunicación regular de los datos sobre la implementación del sistema de satélite respectivo. La información incluye el nombre del fabricante del vehículo espacial, el nombre del operador del satélite, la fecha contractual de entrega y el número de satélites adquiridos, el nombre del suministrador del vehículo de lanzamiento y la fecha comprometida de éste. El concepto de diligencia debida que se propuso en la CMR-97 comprende tres aspectos:
El papel de la Conferencia de Plenipotenciarios en este sentido consistía en decidir si autorizaba a una futura Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones la introducción de la diligencia debida financiera si dicha Conferencia llega a la conclusión de que las otras medidas (la diligencia debida administrativa adoptada por la CMR-97 y las medidas de recuperación de costes adoptadas por el Consejo de la UIT en 1998) no consiguen controlar el exceso de notificaciones. Dada la reciente introducción de la diligencia debida administrativa, se consideró que no había experiencia suficiente para decidir si la UIT debe entrar por la senda de la diligencia debida financiera. La Conferencia decidió recomendar que la Conferencia de Plenipotenciarios de 2002 examine las recomendaciones de la CMR-2000 y adopte las medidas que considere adecuadas.
La Conferencia decidió, adoptando una Resolución, otorgar a Palestina un estatuto más favorable en la UIT mediante la aplicación del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales y del Reglamento de Radiocomunicaciones a la Autoridad Palestina de la misma forma en que se aplica a las administraciones, tal como se define en la Constitución. En particular, la Autoridad Palestina podrá obtener un código de acceso internacional y distintivos de llamada y podrá presentar sus notificaciones de asignación de frecuencia. Palestina tendrá también otros derechos adicionales a los que se conceden a los observadores. Los tres puntos de la Resolución prevén:
En los últimos años, los operadores de telecomunicaciones han aprovechado las diferencias en las tarifas internacionales de los distintos países. Esta práctica, con frecuencia denominada "comunicaciones por intermediario", ha creado problemas en algunos países en los cuales no están autorizados estos procedimientos alternativos de llamada. La Resolución sobre las comunicaciones por intermediario reitera lo dispuesto en la Resolución de Kyoto y hace hincapié en que la transición desde un monopolio a una economía de mercado debe ser gradual, y que la transición desde el sistema actual de tasas de distribución al de tasas orientadas a los costes también debe realizarse paso a paso. En la Resolución se recuerda asimismo que 86 de los 188 Estados Miembros de la UIT prohiben esta práctica en su legislación nacional, y que el derecho soberano de cada país debe ser respetado por todos los demás. Por último, se insta a los Miembros de los Sectores de Normalización y de Desarrollo a que apliquen las Resoluciones ya aprobadas sobre comunicaciones por intermediario, las cuales se enumeran en los párrafos de introducción a la Resolución.
Con respecto a las tasas de distribución, la Conferencia decidió aprobar el proyecto de Resolución negociado bajo la coordinación del Presidente de la Comisión de Estudio 3, responsable de la tarificación y los principios de contabilidad. En la Resolución se reconoce: 1) la importancia de un marco multilateral en el ámbito de la reforma de las tasas de distribución; 2) la necesidad de tener en cuenta una posible disminución de la inversión en fomento de la infraestructura de telecomunicaciones en los países en desarrollo, a falta de fuentes alternativas de financiación; 3) la necesidad de que la Comisión de Estudio 3 acelere su labor completando los procedimientos alternativos adicionales para la liquidación de las cuentas telefónicas internacionales; y 4) la necesidad de concertar acuerdos transitorios, teniendo en cuenta la situación particular de los países en desarrollo.
La Conferencia aprobó una Resolución en la que se pide la celebración de un Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, ya que las telecomunicaciones desempeñan un papel motor y determinante en los planos político, económico, social y cultural. En la Resolución se encarga al Consejo que examine y determine la contribución de la Unión a la organización de la Cumbre. El objetivo de la misma será:
Tras la aprobación en Tampere (Finlandia) del Primer Convenio Intergubernamental sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en caso de catástrofe, la Conferencia de Minneápolis instó a los Estados Miembros a que trabajen en aras de la más pronta ratificación, aceptación, aprobación o firma final del Convenio de Tampere por las autoridades nacionales competentes. Los instó asimismo a adoptar todo tipo de medidas prácticas para la aplicación del mencionado Convenio.
El límite de gastos para el presupuesto bienal de 2000-2001 se fijó en 333,2 millones de CHF, y el límite para el presupuesto bienal de 2002-2003, en 332,6 millones de CHF. Se sigue concediendo al Consejo autoridad para rebasar los límites estipulados en un 1% a fin de cubrir gastos derivados de actividades imprevistas y urgentes. Se acordaron garantías adicionales para mantener el crecimiento cero en los presupuestos preparados por el Consejo. El Secretario General electo declaró, tras la aprobación, que con los topes actuales la UIT no podría proporcionar todos los servicios al mismo nivel de siempre, pues el 76% de los gastos actuales no es comprimible. Reconoció la gravedad de la situación y alertó sobre las consecuencias negativas de la decisión para los intereses de la UIT a largo plazo. Los topes presupuestarios incluyen una consignación de hasta 30 millones de CHF para el levantamiento gradual del límite en la utilización de los idiomas. Este levantamiento gradual del límite de la utilización de los idiomas se aprobó de forma experimental. El Consejo decidirá, dentro de los límites presupuestarios, las categorías de documentos, previamente sujetos a restricción, en que se levantará el límite y la medida en que dejará de aplicarse dicha restricción. Basándose en esta experiencia, el Consejo preparará un Informe sobre pasos ulteriores para su examen por la próxima Conferencia de Plenipotenciarios. En el Informe se incluirán las repercusiones prácticas y financieras de la utilización de los seis idiomas oficiales y de trabajo de la Unión.
La Conferencia eligió a la nueva dirección de la organización, que tomará posesión de sus cargos el 1 de febrero de 1999. Alta dirección
Nuevos Miembros del Consejo elegidos hasta 2002
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones Los Plenipotenciarios eligieron a los 12 miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones que actúa a tiempo parcial. La Conferencia decidió aumentar de 9 a 12 el número de miembros de la Junta e incluir en la Constitución una disposición de acuerdo con la cual la Junta no pueda estar compuesta por más de 12 miembros o por un número que corresponda al 6% del total de Estados Miembros, si esta cifra resulta más elevada. La nueva Junta para el periodo 1999-2002 es la siguiente: Región A - Américas (2 escaños) Carlos Alejandro MERCHÁN ESCALANTE(México) Región B - Europa Occidental (2 escaños) Pierre ABOUDARHAM (Francia) Región C - Europa Oriental (2 escaños) Valery V. TIMOFEEV (Federación de Rusia) Región D - África (3 escaños) Jean-Baptiste YAO KOUAKOU(Côte d'Ivoire) Región E - Asia y Australasia (3 escaños) Ravindra N. AGARWAL (India) |
Producido por el Servicio de Prensa e Información Pública de la UIT