29. Reafirmamos
los principios enunciados en la fase de Ginebra de la CMSI en
diciembre de 2003, en el sentido de que Internet se ha convertido en un recurso
mundial disponible para el público y su gobernanza debería constituir un
elemento esencial de la agenda de la Sociedad de la Información. La gestión
internacional de Internet debería ser multilateral, transparente y democrática,
y hacerse con la plena participación de los gobiernos, el sector privado, la
sociedad civil y las organizaciones internacionales. Esta gestión debería
garantizar una distribución equitativa de los recursos, facilitar el acceso de
todos y garantizar un funcionamiento estable y seguro de Internet, tomando en
consideración el multilingüismo.
30. Reconocemos que Internet, elemento capital de la infraestructura de la
Sociedad de la Información, ha pasado de ser un recurso de investigación y
académico para convertirse en un recurso mundial disponible para el público.
31. Reconocemos
que la gobernanza de Internet, llevada a cabo con arreglo a
los Principios de Ginebra, es un elemento esencial de una Sociedad de la
Información centrada en la persona, integradora, orientada al desarrollo y no
discriminatoria. Además, nos comprometemos a garantizar la estabilidad y la
seguridad de Internet y velar por la legitimidad que requiere su gobernanza,
sobre la base de una plena participación de todas las partes interesadas, tanto
de los países desarrollados como en desarrollo, en el ejercicio de sus
respectivos papeles y responsabilidades.
32. Damos las gracias al Secretario General de las Naciones Unidas por haber
establecido el Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de Internet (GTGI).
Encomiamos al presidente, los miembros y a la secretaría por su trabajo y por su
informe.
33. Tomamos nota de que el informe del GTGI ha permitido llegar a una
definición de trabajo de la gobernanza de Internet y ha ayudado a identificar
una serie de aspectos de política pública relacionados con la gobernanza de
Internet. Por otra parte, el informe ha mejorado nuestro entendimiento de las
funciones y responsabilidades respectivas de los gobiernos, las organizaciones
intergubernamentales e internacionales y otros foros, así como del sector
privado y la sociedad civil de los países en desarrollo y desarrollados.
34. Una definición de trabajo de la gobernanza de Internet es
desarrollo y
aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en el
desempeño de sus respectivos papeles, de principios, normas, reglas,
procedimientos de toma de decisiones y programas comunes que dan forma a la
evolución y a la utilización de Internet.
35. Reafirmamos
que la gestión de Internet abarca cuestiones técnicas y de
política pública y que en ella deberían participar todas las partes interesadas
y las organizaciones intergubernamentales e internacionales relevantes. En ese
sentido, se reconoce que:
a) La designación del organismo encargado de las cuestiones de política
pública de Internet es el derecho soberano de los Estados. Éstos tienen derechos
y responsabilidades en lo que concierne a las cuestiones de política pública que
suscita Internet en el plano internacional.
b) El sector privado ha desempeñado y debería seguir desempeñando un
importante papel en cuanto al desarrollo de Internet tanto en el campo técnico
como en el económico.
c) La sociedad civil también ha desempeñado un importante papel en lo que
concierne a los asuntos relacionados con Internet, especialmente a nivel
comunitario, y debería seguir desempeñando dicho papel.
d) Las organizaciones intergubernamentales han desempeñado y deberían seguir
desempeñando un papel facilitador en lo que concierne a la coordinación de las
cuestiones de política pública que tienen que ver con Internet.
e) Las organizaciones internacionales han desempeñado y deberían seguir
desempeñando un importante papel en lo que respecta al desarrollo de las normas
técnicas y las políticas relevantes.
36. Reconocemos
la valiosa contribución de las comunidades académica y
técnica, en los grupos de partes interesadas mencionados en el párrafo 35, a la
evolución, funcionamiento y desarrollo de Internet.
37. Intentamos mejorar la coordinación de las actividades de las
organizaciones internacionales e intergubernamentales, así como de otras
instituciones muy interesadas en la gobernanza de Internet, así como el
intercambio de información entre estas entidades. En lo posible, habría que
adoptar a todos los niveles un enfoque multipartito.
38. Instamos a que se refuercen las instituciones regionales especializadas
en la gestión de recursos de Internet para velar por el interés nacional y el
derecho de los países de esa región en particular a gestionar sus propios
recursos de Internet, sin dejar de mantener la coordinación mundial en este
ámbito.
39. Pretendemos
crear confianza de los usuarios y seguridad en la utilización
de las TIC fortaleciendo el marco de confianza. Reafirmamos la necesidad de
continuar promoviendo, desarrollando e implementando en colaboración con todas
las partes interesadas una cultura mundial de ciberseguridad, como se indica en
la Resolución 57/239 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros
marcos regionales relevantes. Esta cultura requiere acción nacional y un
incremento de la cooperación internacional para fortalecer la seguridad
mejorando al mismo tiempo la protección de la información, privacidad y datos
personales. El desarrollo continuo de la cultura de ciberseguridad debería
mejorar el acceso y el comercio y debe tener en cuenta el nivel de desarrollo
social y económico de cada país y respetar los aspectos orientados al desarrollo
de la Sociedad de la Información.
40. Destacamos la importancia de enjuiciar la ciberdelincuencia, incluida la
que se produce en una jurisdicción pero repercute en otra. Destacamos además
la
necesidad de concebir instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales
eficaces y eficientes, para promover la cooperación internacional, entre otros,
de los organismos encargados de aplicar la ley en materia de ciberdelincuencia.
Instamos a los gobiernos a que, en cooperación con otras partes interesadas, promulguen
leyes que hagan posible la investigación y enjuiciamiento de la ciberdelincuencia, respetando los marcos vigentes, por ejemplo, las
Resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas 55/63 y 56/121 sobre la lucha
contra la utilización de la tecnología de la información con fines delictivos y
el Convenio sobre el Delito Cibernético del Consejo de Europa.
41. Estamos decididos a hacer frente eficazmente al problema cada vez más
importante que plantea el correo basura. Tomamos nota de los actuales marcos
multilaterales de cooperación regional e internacional de las distintas partes
interesadas en materia de correo basura, por ejemplo, la Estrategia contra el
correo basura del APEC, el Plan de Acción de Londres, el Memorándum de
Entendimiento de Seúl-Melbourne contra el Correo Basura, así como las
actividades que realizan en este ámbito la OCDE y la UIT. Exhortamos a todas las
partes interesadas a que adopten un enfoque multidimensional para contrarrestar
el correo basura, en el que se incluya, entre otras medidas, la educación del
consumidor y de las empresas así como el establecimiento de una legislación
adecuada y de los organismos y mecanismos necesarios para aplicar esas leyes, el
perfeccionamiento permanente de las medidas técnicas y autorreguladoras, las
prácticas idóneas, y la cooperación internacional.
42. Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de investigar, recibir,
difundir y utilizar información, en particular, para la creación, compilación y
diseminación del conocimiento. Afirmamos que las medidas tomadas para asegurar
la estabilidad y seguridad de Internet, combatir la ciberdelincuencia y
contrarrestar el correo basura deben proteger y respetar las disposiciones en
materia de privacidad y libertad de expresión contenidas en las partes
relevantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la
Declaración de Principios de Ginebra.
43. Reiteramos nuestro compromiso con los usos positivos de Internet y otras
TIC, así como con la adopción de las acciones pertinentes y las medidas
preventivas que se recogen en la legislación contra los usos abusivos de las TIC
mencionados en el Capítulo sobre las Dimensiones éticas de la Sociedad de la
Información, de la Declaración de Principios y del Plan de Acción de
Ginebra.
44. Asimismo, subrayamos la importancia de combatir el terrorismo, en todas
sus formas y manifestaciones, en Internet, respetando los derechos humanos y en
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional,
según se indica en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
A/60/L.1, donde se hace referencia al Artículo 85 del Documento Final de la
Cumbre Mundial 2005.
45. Subrayamos la importancia de la seguridad, la continuidad y la
estabilidad de Internet, así como la necesidad de proteger Internet y otras
redes TIC contra las amenazas y en sus vulnerabilidades. Afirmamos la necesidad
de llegar a un entendimiento común sobre los asuntos relativos a la seguridad en
Internet, así como de ampliar la cooperación para facilitar el alcance, la
recopilación y la diseminación de la información relativa a la seguridad, e
intercambiar buenas prácticas entre todas las partes interesadas sobre las
medidas para combatir las amenazas contra la seguridad, a nivel nacional e
internacional.
46. Exhortamos a todas las partes interesadas a que garanticen el
respeto por la privacidad y la protección de los datos e informaciones
personales, ya sea mediante la adopción de medidas legislativas y la aplicación
de marcos de colaboración, o bien mediante el intercambio entre las empresas y
los usuarios de mejores prácticas, mecanismos de autorregulación o medidas
tecnológicas pertinentes. Instamos a todas las partes interesadas, en particular
a los gobiernos, a que reafirmen el derecho de acceso a la información por los
particulares, de conformidad con la Declaración de Principios de Ginebra, así
como de otros instrumentos internacionales en esta materia convenidos de mutuo
acuerdo, y a que establezcan la coordinación adecuada a escala internacional.
47. Reconocemos el creciente volumen y valor de todas las actividades de
comercio electrónico, tanto en el interior de los países como a través de las
fronteras nacionales. Solicitamos la elaboración de leyes y prácticas nacionales
de protección del consumidor y el establecimiento de mecanismos para su
aplicación, cuando sea necesario, a fin de proteger los derechos de dichos
consumidores que adquieran mercancías y servicios en línea y apoyamos una mejora
de la cooperación internacional para facilitar una mayor expansión, de forma no
discriminatoria y bajo las leyes nacionales aplicables, del comercio electrónico
así como de la confianza del consumidor en el mismo.
48. Notamos con satisfacción la utilización cada vez mayor de las TIC por
parte de los gobiernos para dar servicio a los ciudadanos y alentamos a los
países que aún no lo han hecho a que elaboren programas nacionales y estrategias
para el cibergobierno.
49. Reafirmamos nuestro compromiso de convertir la brecha digital en una
oportunidad digital y asegurar un desarrollo armonioso y equitativo para todos.
Nos comprometemos a fomentar y ofrecer orientación sobre las áreas de
desarrollo consignadas en los acuerdos generales sobre gobernanza de Internet, y
a incluir, entre otras cuestiones, los costes de interconexión internacional, la
creación de capacidades y la transferencia de conocimientos técnicos y
tecnologías. Alentamos la realización del plurilingüismo en el marco de
desarrollo de Internet, y apoyamos la elaboración de programas informáticos que
se presten fácilmente a la localización, y que permitan al usuario escoger las
soluciones adecuadas entre los distintos modelos de software, ya sean éstos de
fuente abierta, gratuitos o protegidos.
50. Reconocemos
que es motivo de inquietud, especialmente para los países en
desarrollo, que los costes de interconexión internacional a Internet estén mejor
equilibrados para ampliar el acceso a la red. Así pues, exhortamos a formular
estrategias para hacer cada vez más asequible la conectividad mundial, con miras
a facilitar un acceso más equitativo y eficaz para todos:
a) fomentando unos costes de tránsito e interconexión de Internet que se
negocien comercialmente en un entorno competitivo y que estén orientados hacia
parámetros objetivos, transparentes y no discriminatorios, sin olvidar la labor
que ya se está realizando en este ámbito;
b) estableciendo redes troncales regionales de Internet a alta velocidad y
creando puntos de intercambio Internet (IXP) nacionales, regionales y
subregionales;
c) recomendando a los programas de donantes y a los mecanismos de
financiación del desarrollo que consideren la necesidad de financiar las
iniciativas encaminadas a mejorar la conectividad, los IXP y el contenido local
para los países en desarrollo;
d) alentando a la UIT a que continúe con carácter urgente el estudio de la
conectividad Internet internacional y proporcione periódicamente informes para
su examen y posible implementación, así como a otras instituciones relevantes a
que aborden esta cuestión;
e) estimulando el desarrollo y el incremento del número de equipos terminales
de bajo coste, como son los dispositivos individuales y colectivos,
especialmente para su utilización en los países en desarrollo;
f) alentando a los proveedores de servicios Internet y a otras partes
interesadas en las negociaciones comerciales a que adopten prácticas para fijar
unos costes justos y equilibrados de interconexión;
g) alentando a las partes pertinentes a que negocien comercialmente costes de
interconexión reducidos para los PMA teniendo en cuenta las limitaciones
especiales de los PMA.
51. Exhortamos a los gobiernos y a otras partes interesadas a que fomenten,
mediante la creación de asociaciones cuando sea necesario, la educación y la
formación en las TIC en los países en desarrollo, mediante la aplicación de
estrategias nacionales para la integración de las TIC en la educación y en el
desarrollo de la mano de obra, aportando para ello los recursos necesarios.
Además, se debería ampliar la cooperación internacional, a título voluntario,
con miras a la creación de capacidades en áreas relacionadas con la gobernanza
de Internet. Ello podría incluir, especialmente, la construcción de centros
especializados y de otras instituciones para facilitar la transferencia de
conocimientos técnicos y el intercambio de mejores prácticas, con el fin de
aumentar la participación de los países en desarrollo y de todas las partes
interesadas en los mecanismos de gobernanza de Internet.
52. Con el fin de garantizar la participación efectiva en la gobernanza de
Internet, instamos a las organizaciones internacionales, incluidas las
organizaciones intergubernamentales, según proceda, a velar por que todas las
partes interesadas, especialmente las de los países en desarrollo, tengan
oportunidad de participar en la adopción de decisiones políticas sobre gobernanza de Internet y promuevan y faciliten dicha participación.
53. Nos comprometemos a trabajar seriamente para lograr el multilingüismo en
Internet, como parte de un proceso multilateral, transparente y democrático en
el que intervengan los gobiernos y todas las partes interesadas, en sus
respectivos papeles. En este contexto, también apoyamos el desarrollo, la
traducción y la adaptación del contenido local, los archivos digitales y las
diversas formas de medios digitales y tradicionales, y reconocemos asimismo que
estas actividades también pueden fortalecer a las comunidades locales e
indígenas. Por consiguiente, destacamos la necesidad de:
a) Impulsar el proceso de la introducción del multilingüismo en un
cierto número de áreas, incluidos los nombres de dominio, las direcciones de
correo electrónico y la búsqueda de palabras clave.
b) Implementar programas que permitan la presencia de nombres de dominio y
contenido multilingüe en Internet y la utilización de varios modelos de software
para combatir la brecha digital lingüística y asegurar la participación de todos
en la nueva sociedad emergente.
c) Fortalecer la cooperación entre los organismos relevantes para seguir
desarrollando las normas técnicas e impulsar su uso a escala mundial.
54. Reconocemos
que un entorno habilitador, a nivel nacional e internacional,
que apoye la inversión directa extranjera, la transferencia de tecnología y la
cooperación internacional, especialmente en los ámbitos de las finanzas, la
deuda y el comercio, es esencial para el desarrollo de la Sociedad de la
Información, incluido el desarrollo y difusión de Internet y su uso óptimo. En
particular, el papel que desempeñan el sector privado y la sociedad civil como
motor de la innovación y la inversión privada son esenciales en el desarrollo de
Internet. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, se agrega
valor en la periferia de la red cuando el marco político internacional y
nacional fomenta la inversión y la innovación.
55. Reconocemos
que a través de los mecanismos vigentes para la gobernanza de
Internet se ha logrado convertir Internet en el medio sólido, dinámico y de gran
cobertura geográfica que es hoy en día, medio en el que el sector privado dirige
las actividades cotidianas y en cuya periferia se innova y se crea valor.
56. Internet sigue siendo un medio altamente dinámico y por tanto las
estructuras que se diseñan en relación con la gobernanza de Internet deben
responder al crecimiento exponencial y a la rápida evolución de Internet como
plataforma común para el desarrollo de aplicaciones múltiples.
57. La seguridad y estabilidad de Internet deben ser preservadas.
58. Reconocemos que la gobernanza de Internet supone más que la atribución de
nombres y direcciones de Internet. Incluye otros aspectos importantes de
política pública tales como, entre otros, los recursos críticos de Internet, la
seguridad y protección de Internet y los aspectos y cuestiones de desarrollo
relativos a la utilización de Internet.
59. Reconocemos que la gobernanza de Internet incluye temas sociales,
económicos y técnicos, incluida la asequibilidad, la fiabilidad y la calidad de
servicio.
60. Reconocemos además que hay muchos temas de política pública internacional
transversales que no encuentran una respuesta adecuada en los actuales
mecanismos de Internet y que requieren atención.
61. Estamos convencidos de que es necesario iniciar y reforzar, de la forma
adecuada, un proceso transparente, democrático y multilateral con la
participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las
organizaciones internacionales en sus cometidos respectivos. Este proceso podría contemplar la creación
de un marco o de mecanismos adecuados, donde se justifique, que impulsen una
evolución continua y activa de las actuales disposiciones para lograr la
sinergia de los esfuerzos al respecto.
62. Enfatizamos que toda propuesta de gobernanza de Internet debe ser
completa y flexible, y debe seguir promoviendo un entorno propicio a la
innovación, la competencia y la inversión.
63. Los países no deben involucrarse en las decisiones relativas a los
nombres de dominio de nivel superior según el indicativo de país (ccTLD) de
otros países. Sus legítimos intereses, expresados y definidos por cada país, en
diversas formas, en relación conlas decisiones que afectan a sus ccTLD, deben
ser respetados, apoyados y tratados a través de marcos y mecanismos mejorados y
flexibles.
64. Reconocemos que es necesario fortalecer y desarrollar más la cooperación
entre las partes interesadas en las políticas públicas para los nombres de
dominio de nivel superior genéricos (gTLD).
65. Subrayamos la necesidad de maximizar la participación de los países en
desarrollo tanto en las decisiones relativas a la gobernanza de Internet, que
deben reflejar sus intereses, como en el desarrollo y la creación de capacidad.
66. Teniendo en cuenta la continua internacionalización de Internet y el
principio de universalidad, acordamos aplicar los Principios de Ginebra
relativos a la gobernanza de Internet.
67. Acordamos, entre otras cosas, invitar al Secretario General de las
Naciones Unidas a convocar un nuevo foro para el diálogo sobre políticas de las
múltiples partes interesadas.
68. Reconocemos que todos los gobiernos deberían tener un igual cometido y
responsabilidad para la gobernanza de Internet y garantizar la estabilidad,
seguridad y continuidad de Internet. También reconocemos la necesidad de
desarrollar la política pública por los gobiernos, en consulta con todas las
partes interesadas.
69. Reconocemos además
que en el futuro será necesaria una mayor cooperación
que permita a los gobiernos cumplir en igualdad de condiciones su papel y
responsabilidades en cuestiones de políticas públicas internacionales relativas
a Internet, pero no en los asuntos técnicos y operacionales cotidianos, que no
repercuten en temas de política pública internacional.
70. Mediante las organizaciones internacionales pertinentes, tal cooperación
debe incluir el desarrollo de principios aplicables, a escala mundial, en temas
de política pública asociados con la coordinación y gestión de los recursos
críticos de Internet. A este respecto, instamos a las organizaciones
responsables de las tareas esenciales asociadas a Internet a contribuir a la
creación de un entorno que facilite este desarrollo de los principios de
política pública.
71. El proceso encaminado al incremento de una cooperación reforzada,
que debe iniciar el Secretario General de las Naciones Unidas, y en el que deben
intervenir todas las organizaciones pertinentes a finales del primer trimestre
de 2006, implicará a todas las partes interesadas en sus respectivos cometidos,
se realizará lo más rápidamente posible teniendo siempre en cuenta los
procedimientos legales y deberá tener en cuenta las innovaciones. Las
organizaciones relevantes deben comenzar un proceso encaminado a mejorar la
cooperación en el que intervengan todas las partes interesadas actuando con la
mayor rapidez posible y respondiendo de manera flexible a las innovaciones.
Deberá solicitarse a esas mismas organizaciones relevantes que elaboren un
Informe anual de actividades.
72. Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas, en un proceso
abierto e integrador, que convoque para el segundo trimestre de 2006 una reunión
del nuevo foro para diálogo sobre políticas de las múltiples partes interesadas
(Foro para la Gobernanza de Internet — IGF), con mandato para:
a) debatir temas de políticas públicas relativos a los elementos claves de la gobernanza de Internet, con objeto de contribuir a la sostenibilidad, la
solidez, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de Internet;
b) facilitar el diálogo entre organismos que se ocupan de políticas públicas
internacionales transversales y relacionadas con Internet, y debatir temas que
no se han incluido en el mandato de organismos existentes;
c) facilitar la comunicación con las organizaciones intergubernamentales
apropiadas y otras instituciones en temas de su competencia;
d) facilitar el intercambio de información y de mejores prácticas, y en este
sentido aprovechar plenamente las competencias de las comunidades académica,
científica y técnica;
e) aconsejar a todas las partes interesadas, sugiriendo soluciones y medios
para que Internet esté disponible más rápidamente y esté al alcance de un mayor
número de personas en los países en desarrollo;
f) fortalecer y mejorar la participación de las partes interesadas en los
mecanismos de gobernanza de Internet actuales y/o futuros, en particular los de
países en desarrollo;
g) identificar temas emergentes, exponerlos ante los organismos competentes y
el público en general y, en su caso, formular recomendaciones;
h) contribuir a la creación de capacidad para la gobernanza de Internet en
países en desarrollo, aprovechando lo más posible los conocimientos y las
competencias locales;
i) promover y evaluar permanentemente la materialización de los principios de
la CMSI en los procesos de gobernanza de Internet;
j) debatir temas relativos a los recursos críticos de Internet, entre
otras cosas;
k) ayudar a encontrar soluciones a los problemas que plantea la utilización
correcta o incorrecta de Internet, que son de particular interés para el usuario
común;
l) publicar sus actas.
73. El Foro para la Gobernanza de Internet, tanto en su trabajo como en sus
funciones, ha de ser multilateral, democrático y transparente y dejar intervenir
a las múltiples partes interesadas. En este sentido, el IGF propuesto podría:
a) beneficiarse de las actuales estructuras de la gobernanza de Internet,
haciendo especial hincapié en la complementariedad de todas las partes
interesadas involucradas en este proceso; es decir, los gobiernos, las entidades
empresariales, la sociedad civil y los organismos intergubernamentales;
b) constituirse como una estructura sencilla y descentralizada, que se
sometería a un examen periódico;
c) reunirse periódicamente, según se requiera. En principio, las reuniones
del IGF se podrían hacer coincidir con las conferencias relevantes de las
Naciones Unidas para, entre otras cosas, aprovechar el apoyo logístico.
74. Alentamos al Secretario General de las Naciones Unidas a que examine una
gama de opciones para la convocatoria del foro, teniendo en cuenta las
competencias demostradas de todas las partes interesadas en la gobernanza de
Internet y la necesidad de asegurar su plena participación.
75. El Secretario General de las Naciones Unidas informaría a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas periódicamente sobre las actividades del foro.
76. Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que examine la
conveniencia de que continúe el foro, en consulta formal con los participantes
en el mismo, menos de cinco años después de su creación, y que haga las
recomendaciones a este respecto a los Miembros de las Naciones Unidas.
77. El IGF no debería ejercer ninguna función de supervisión ni reemplazar
disposiciones, mecanismos, instituciones u organizaciones existentes, sino que
debería involucrarlos y aprovechar sus competencias. Consistiría en un proceso
neutral, no duplicatorio ni vinculante. No debería intervenir en el
funcionamiento técnico o cotidiano de Internet.
78. El Secretario General de las Naciones Unidas debe extender invitaciones a
todas las partes interesadas y relevantes a participar en la reunión inaugural
del IGF, teniendo en cuenta una representación geográfica equilibrada. El
Secretario General de las Naciones Unidas también debe:
a) obtener los recursos apropiados de todas las partes interesadas, incluida
la experiencia probada de la UIT, como se demostró durante el proceso de la CMSI; y
b) crear una oficina eficaz y
económica para apoyar al IGF,
asegurando la participación de las múltiples partes interesadas.
79. En otros foros pertinentes se seguirían tratando otros asuntos relativos
a la gobernanza de Internet.
80. Alentamos a emprender procesos multipartitos a nivel nacional, regional e
internacional para debatir y colaborar sobre la difusión y expansión de Internet
como medio para propiciar el desarrollo y alcanzar los objetivos y las metas de
desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
81. Reafirmamos nuestro compromiso para dar aplicación integral a los
Principios de Ginebra.
82. Agradecemos la generosa oferta del Gobierno de Grecia que se ha ofrecido
como anfitrión para la primera reunión del IGF en Atenas en 2006 y solicitamos
al Secretario General de las Naciones Unidas que extienda la invitación a todas
las partes interesadas y relevantes para que participen en la reunión inaugural
del IGF.
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