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La Comisión evalúa la Directiva sobre la conservación de datos de telecomunicaciones
 
 
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Crédito de la foto: Shutterstock

El 18 de abril de 2011, la Comisión Europea adoptó un informe de evaluación de su Directiva sobre la conservación de datos de 2006 en el que se exponían las lecciones aprendidas. La Directiva impuso la conservación de datos como respuesta a los problemas urgentes en materia de seguridad tras los graves atentados terroristas de Madrid en 2004 y Londres en 2005. En el informe de evaluación se llega a la conclusión de que la conservación de datos de telecomunicaciones es importante para proteger a la población frente a los daños provocados por delitos graves. Dichos datos proporcionan pruebas vitales para resolver los delitos y garantizar que se haga justicia. Sin embargo, la Directiva se ha incorporado a las legislaciones nacionales de manera desigual, y las diferencias que siguen existiendo entre las legislaciones de los distintos Estados Miembros causan dificultades a los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Por otra parte, la Directiva tampoco garantiza que los datos sean almacenados, recuperados y utilizados en el pleno respeto del derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, lo que ha dado lugar a que en algunos Estados Miembros los tribunales hayan anulado la legislación relativa a la incorporación de la Directiva.

En el informe de evaluación se analiza la forma en que los Estados Miembros han incorporado la Directiva a sus legislaciones y se valora la utilización de los datos conservados y sus repercusiones sobre los operadores y los consumidores.

Estas son sus principales conclusiones:

  • La mayoría de los Estados Miembros considera que las normas de la UE sobre conservación de datos siguen siendo necesarias para la aplicación de las leyes, la protección de las víctimas y los sistemas de justicia penal. Como herramientas para la investigación criminal, la utilización de datos sobre números de teléfono, direcciones del protocolo Internet (IP) o identificadores de teléfonos móviles ha permitido la condena de delincuentes y la absolución de personas inocentes. Por ejemplo, la conservación de datos fue crucial para el éxito de la Operación Rescate, ya que ayudó a desenmascarar a 670 supuestos Miembros de una red pedófila internacional y a proteger a los niños del abuso en los Estados Miembros donde la Directiva se había incorporado a la legislación nacional. Sin embargo, en el informe de evaluación también se señalan graves deficiencias.

  • Los Estados Miembros no aplican de la misma manera las normas sobre conservación de datos. Los periodos de conservación, los fines para los que se puede acceder a los datos y utilizarlos, y los procedimientos legales para acceder a ellos difieren considerablemente.

  • Puesto que la Directiva únicamente pretende armonizar parcialmente las normas nacionales, no es de extrañar que no haya surgido un planteamiento común. Ahora bien, el bajo nivel general de armonización puede causar dificultades a los proveedores de servicios de telecomunicaciones y, en particular, a los operadores de menor tamaño. Las compensaciones que reciben los operadores por el coste que conlleva conservar los datos y facilitar el acceso a los mismos varían en la UE. La Comisión estudiará formas más coherentes de reembolsar estos costes.

  • La conservación de datos supone una limitación importante del derecho a la intimidad. Aunque no hay ejemplos concretos de violaciones graves de la intimidad, el riesgo de que se produzcan violaciones de la seguridad de los datos seguirá existiendo hasta que no se establezcan más medidas de protección. En consecuencia, la Comisión se planteará adoptar una reglamentación más estricta respecto del almacenamiento de los datos, el acceso a los mismos y su utilización.

La Directiva sobre conservación de datos exige a los Estados Miembros que garanticen que los operadores de comunicaciones conserven determinadas categorías de datos (para identificar y proporcionar detalles sobre las llamadas telefónicas efectuadas y los correos electrónicos enviados, con exclusión del contenido de tales comunicaciones) con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, tal como se definen en la legislación nacional. Los datos deben conservarse por un periodo de tiempo no inferior a seis meses ni superior a dos años (periodo que debe decidir cada Estado Miembro al incorporar la Directiva a su legislación nacional).

Las autoridades de protección de datos han criticado la Directiva porque no ofrece garantías suficientes sobre la forma en que se almacenan los datos, se accede a ellos y se utilizan.

Basándose en la evaluación, la Comisión preparará una propuesta de enmienda de la Directiva. Consultará a las fuerzas del orden, al poder judicial, a las autoridades de protección de datos, a la industria y a la sociedad civil acerca de las opciones para mejorar el futuro marco jurídico.

Fuente: Comisión Europea.

 

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