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El acceso abierto a las redes exige un replanteamiento
de la reglamentación para fundamentar las estrategias
nacionales de banda ancha. El objetivo es permitir
la competencia eficaz sin perjuicio de la obtención
de servicios accesibles, asequibles y fiables para el
consumidor.
Uno de los resultados fundamentales del GSR-10 es
un conjunto de “Directrices de prácticas óptimas para
permitir el acceso abierto”. En estas directrices se invita
a crear marcos reglamentarios que fomenten la innovación,
la inversión y el acceso asequible a la banda ancha
y otros servicios en todos los mercados del mundo,
mediante un conjunto de principios fundamentales que
todos los organismos reguladores pueden adoptar para
adaptarlos posteriormente a las condiciones locales de
los mercados.
En estas directrices se subraya la importancia de un
proceso reglamentario claro y transparente, que comprenda
unas reglas obligatorias que rijan la prestación
de los servicios, un planteamiento tecnológicamente
neutral y una prestación de redes y servicios competitivos.
Se invita a los organismos reguladores a que
adopten regímenes vanguardistas que se revisen periódicamente
con el fin de eliminar cualquier obstáculo a
la competencia y la innovación, que pueda surgir en la
reglamentación.
Definición del acceso abierto
Desde la perspectiva del proveedor de servicios, el
acceso abierto significa la posibilidad de que la infraestructura
de red existente sea utilizada por terceros.
Todo usuario (consumidor) debe tener acceso a todos
los servicios y aplicaciones que se transmitan por estas
redes, siempre que dichos servicios y aplicaciones sean
públicos y legales. La gama de servicios que puede elegir
el usuario no debe verse limitada excesivamente por
el hecho de que los competidores no puedan acceder
a los servicios, especialmente en la infraestructura del
último kilómetro.
Abierto acceso a las redes
Es necesario disponer de instrumentos políticos y reglamentarios
para abrir el acceso a las instalaciones de
la red sin perjudicar la inversión y la innovación.
Para fomentar el despliegue de la banda ancha y
preservar y promover el carácter abierto e interconectado
de la Internet pública, los organismos reguladores
deben estudiar la posibilidad de obligar al proveedor
predominante de la red nacional de banda ancha, incluidas
las estaciones de aterrizaje de cables, a que ofrezca
a los competidores a diferentes niveles de la red, el acceso
a ésta y a sus instalaciones básicas, con carácter
igualitario y no discriminatorio.
En los países en los que hay desplegada fibra hasta
el edificio, los organismos reguladores deben establecer
normas que garanticen un acceso compartido e igualitario
a fin de evitar un comportamiento discriminatorio
o monopolístico por parte del primer operador de infraestructuras
en los edificios.
Debe crearse, en beneficio de todos los actores del
mercado, un registro central de infraestructuras que
puedan compartirse, cuyo mantenimiento corra a cargo
de organismos públicos, operadores de comunicaciones
electrónicas, u otros servicios públicos. Los operadores
deben facilitar información sobre infraestructuras pasivas
(tales como canalizaciones y torres) que puedan
compartirse.
Redes abiertas
La atribución y asignación eficientes del espectro del
dividendo digital generará beneficios sociales y económicos
que podrían estimular la innovación para la prestación
de servicios de comunicaciones de menor costo,
especialmente en las zonas rurales y remotas.
Los gobiernos deben actualizar la definición de servicio
universal de acuerdo con la evolución de las necesidades
para garantizar la neutralidad tecnológica y la
generalización del acceso en banda ancha.
Los gobiernos deben disponer de planes y estrategias
nacionales que estimulen el despliegue de las redes
de banda ancha, especialmente en los países en desarrollo.
Entre estas estrategias cabe citar las asociaciones
públicas-privadas y la promoción de la implicación de
los municipios o ciudades.
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Internet abierta y neutral
Deben existir reglas justas para la gestión del tráfico
de Internet. Las eventuales diferencias en el tratamiento
de las diversas corrientes de datos deben ser justificables
objetivamente, dependiendo del tipo de contenido,
servicio, aplicación, dispositivo o dirección del origen y
destino del flujo de datos.
Cuando los proveedores de servicios de Internet
(ISP) empleen mecanismos de gestión de tráfico para
conseguir que se pueda acceder a Internet en cualquier
punto de la red, deben cumplir los principios generales
de pertinencia, proporcionalidad, eficiencia, transparencia
y no discriminación entre partes.
Para garantizar la existencia de unas prácticas
de gestión de tráfico razonables, los organismos
reguladores deben adoptar medidas tales como las
siguientes:
obligar a los ISP a que revelen la información relativa
a la gestión de la red, la calidad de servicio y demás
prácticas;
permitir que los clientes puedan cancelar sus contratos
con rapidez sin necesidad de incurrir en elevados
costos de cambio a otra compañía;
prescribir una calidad de servicio mínima para el acceso
a Internet;
otorgar a los consumidores el derecho de acceso a
cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través
de su conexión a Internet.
Estos principios no deben invalidar ninguna de las
obligaciones que puedan tener los ISP —ni limitar su
capacidad— de ofrecer comunicaciones de emergencia
o dar respuesta a las necesidades de las autoridades
competentes, los servicios de seguridad pública o las
autoridades de seguridad nacional o interior, siempre
que se ajusten a las leyes vigentes.
Cabe la posibilidad de que los organismos reguladores
consideren la posibilidad de facilitar la creación de
contenidos locales y de puntos locales de intercambio
de Internet (IXP) para complementar y facilitar el flujo
de datos internacionales.
Acceso abierto a los contenidos
Los organismos reguladores deben garantizar la conectividad
en banda ancha de las escuelas, centros sanitarios
y hospitales, de modo que los ciudadanos puedan
beneficiarse de ello cuando se conecten mediante banda
ancha a estos servicios.
Los gobiernos deben fomentar la concienciación
del consumidor sobre los riesgos asociados al progreso
tecnológico y adoptar las medidas oportunas para la
protección de datos, la preservación de la privacidad, la
salvaguardia de los derechos del consumidor y la protección
de los menores y los segmentos vulnerables de
la sociedad.
Problemas para las redes abiertas
Las redes abiertas plantean problemas de estabilidad,
contingencias, robustez, protección de las infraestructuras
esenciales, privacidad de los datos y
prevención de la delincuencia. Las redes con protocolo
de Internet, por tener arquitecturas abiertas y protocolos
conocidos, son vulnerables a los ciberataques.
La prevención de estos ataques mediante la reforma de
los sistemas vulnerables, la instalación de cortafuegos
u otras tecnologías de control de acceso, la supervisión
con sistemas de detección de intrusiones y la respuesta
a las amenazas en tiempo real, ya son imprescindibles
para que las redes funcionen con eficacia.
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Crédito de la foto: ITU/V. Martin |
Aminata Tall Ministra de Estado y Secretaria General del Gabinete del Presidente de Senegal |
Debe elaborarse un marco reglamentario armonizado
en el seno de las regiones y establecerse diálogos
más amplios entre todas las partes interesadas de modo
que este problema fundamental de las redes de acceso
abierto pueda seguir debatiéndose para adoptar las medidas
oportunas.
Los proveedores de servicios deben adoptar prácticas
razonables de gestión de redes con respecto al tráfico saliente y al entrante. Estas prácticas pueden contribuir
a suprimir los ataques a la fuente evitando de este
modo su difusión.
Los organismos reguladores deben poner en práctica
medidas que impidan a los proveedores de servicios
de Internet que se conecten a sus redes dispositivos de
usuario ilegales.
Clausura
El Director General Diao
manifestó su satisfacción por
que, tanto en el Norte como
en el Sur, se examinase el futuro
conjuntamente. “Estamos
vinculados por objetivos comunes”,
declaró y señaló que
el Sur tiene una experiencia
técnica que puede aportar al
Norte. Manifestó que las telecomunicaciones
son el presente
y el futuro, y que sin una
visión no es posible avanzar.
Para clausurar el Simposio,
Aminata Tall, Ministra de
Estado de Senegal y Secretaria
General de la Oficina del
Presidente, felicitó a la UIT por
reunir, en colaboración con ARTP, un Grupo de Expertos
eminentes para la reflexión, el debate y el interca
de experiencias. Reconoció
la importancia de la UIT para
el fortalecimiento de la creación
de capacidades humanas
y la mejora de los marcos reglamentarios.
“Todos dependemos
de las TIC porque vivimos
en la era de la economía
del ‘conocimiento’”, declaró.
Sami Al Basheer Al Morshid
manifestó su orgullo por los
resultados del GSR de 2010
e hizo extensivos sus mejores
deseos a su sucesor, Brahima
Sanou.
La invitación de Colombia
para organizar el próximo
Simposio Mundial para
Organismos Reguladores en
2011 recibió una cálida acogida por parte de todos los
participantes en el GSR-10.
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Crédito de la foto: ITU/V. Martin |
El Dr. Hamadoun I. Touré, Secretario General de la UIT, y Sami Al Basheer Al Morshid, Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, dan la bienvenida a Abdoulaye Wade, Presidente de Senegal, a la ceremonia de apertura del GSR-10 en Dakar |
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Crédito de la foto: ITU/V. Martin |
Brahima Sanou, Director electo de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (segundo por la izquierda),
el Dr. Hamadoun Touré, Secretario General de la UIT, y Sami Al Basheer, Director de la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, retratados con dignatarios senegaleses |
El texto completo de las “Directrices de prácticas
óptimas para permitir el acceso abierto” figura en el
Informe del Presidente del GSR-10, que se encuentra en:
www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR10/
documents/GSRChairman_report.pdf o directamente en:
www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR10/documents/GSRChairman_report.pdf
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